La sombra del miedo se extiende sobre Durango. No es un miedo fantasmal, sino uno tangible, alimentado por el aumento constante de las extorsiones y el cobro de piso, que se normalizan con una escalofriante rapidez, especialmente en zonas como Gómez Palacio y La Laguna. Ya no se susurra en las esquinas, se grita a voces, aunque esas voces parecen perderse en el desierto de la inacción gubernamental. Organizaciones como México SOS, el Consejo Cívico de las Instituciones y la Mesa Ciudadana de Seguridad han alzado la voz, denunciando la ominosa tríada: omisión, inacción y abandono. Sus palabras, cargadas de urgencia, pintan un panorama desolador donde la delincuencia avanza sin freno, mientras el gobernador Esteban Villegas, según acusan, parece más preocupado por el tablero electoral que por el bienestar de sus ciudadanos.

El próximo 1 de junio se cierne como una espada de Damocles sobre la seguridad de Durango. Fuentes internas de la administración, que prefieren mantenerse en el anonimato por temor a represalias, confirman lo que muchos sospechan: personal del gobierno estatal ha sido comisionado para operar las campañas municipales en zonas estratégicas como Durango capital, Lerdo y Gómez Palacio. Recursos públicos, vehículos oficiales, y funcionarios de la nómina estatal, todos engranajes de una maquinaria política que trabaja a toda marcha, no para proteger a los ciudadanos, sino para engrasar los mecanismos del PRI. Mientras la delincuencia teje su red de miedo, el gobierno parece enredado en sus propios hilos políticos.

La situación en Gómez Palacio es particularmente alarmante. Las organizaciones de la sociedad civil han advertido sobre extorsiones abiertas al sector agrícola, una pieza clave de la economía local, ahora amenazada y asfixiada. Un grupo sindical opera con impunidad, apropiándose de la cadena de comercialización y dejando a su paso un rastro de incertidumbre y desolación. El estado de derecho se erosiona a pasos agigantados en la Comarca Lagunera. La cooperación entre gobiernos y fuerzas de seguridad, antes un baluarte contra la delincuencia, se ha desmoronado por la desidia, los intereses políticos y la alarmante falta de liderazgo. La urgencia de recuperar esa coordinación no es una simple sugerencia, es un clamor desesperado ante un escenario que se deteriora día a día.

Mientras el gobernador Villegas, según las acusaciones, juega sus fichas en el ajedrez electoral, Durango se descompone. La pregunta que queda en el aire, pesada como una losa, es: ¿cuánto más tendrá que soportar la ciudadanía antes de que la seguridad se convierta en una prioridad real y no en una moneda de cambio política?

Y en otro escenario, la polémica envuelve al diputado de Morena, Ernesto Prieto Gallardo. Recordemos que el 28 de febrero, colectivos feministas lo exhibieron por incumplir con la pensión alimenticia de su hija, una protesta que resonó en la Cámara de Diputados con un tendedero el 8 de marzo. Presionado por la opinión pública, Prieto Gallardo declaró cumplir con su obligación, aunque con una pensión mínima de 8 mil pesos mensuales, una cifra que palidece ante lo que establece la ley considerando su salario.

Ahora, en medio de la disputa legal, el diputado condiciona el cumplimiento de la pensión a una disculpa pública de la madre de la menor. Un acto que no solo pone en entredicho sus responsabilidades como padre, sino que instrumentaliza los derechos de una niña en beneficio de su ego político. La situación se agrava con su advertencia de solicitar la patria potestad si la prueba de ADN, programada para el 30 de mayo, confirma su paternidad. Desde su propio partido, el vocero Arturo Ávila ha marcado distancia, afirmando que ningún argumento político justifica condicionar los derechos de un menor ni ejercer violencia mediática contra las mujeres. Un caso que nos obliga a reflexionar sobre la delgada línea que separa la responsabilidad personal del oportunismo político y cómo, a menudo, son los más vulnerables quienes pagan el precio.