El debate en torno a la democratización del Poder Judicial nos coloca ante una encrucijada fundamental: ¿cómo equilibrar la independencia judicial con la participación ciudadana? La propuesta de elegir jueces por voto popular, lejos de ser una ocurrencia, se enmarca en una profunda reflexión sobre la esencia misma del Derecho y su función en la sociedad. Se trata de repensar el Poder Judicial no como una entidad aislada, ajena a las dinámicas sociales, sino como un reflejo de la voluntad popular, un instrumento al servicio de la justicia social.

Pensadores como Luigi Ferrajoli nos invitan a cuestionar la legitimidad de un sistema jurídico que se sustenta únicamente en procedimientos formales, sin atender a la garantía efectiva de los derechos fundamentales. Democratizar la justicia, en este sentido, implica abrir las puertas de los tribunales a la voz del pueblo, permitiendo que la ciudadanía participe activamente en la configuración del órgano encargado de impartir justicia. No se trata de una simple transferencia de mecanismos electorales, sino de una transformación profunda que busca acercar la justicia a quienes históricamente han estado excluidos de ella.

La visión de Boaventura de Sousa Santos, con su énfasis en la epistemología del Sur y la recuperación de saberes populares, refuerza esta perspectiva. La elección popular de jueces, desde esta óptica, no es una amenaza a la independencia judicial, sino una oportunidad para enriquecer el sistema con la pluralidad de voces y perspectivas que conforman nuestra sociedad. Se trata de construir un pluralismo jurídico que reconozca la centralidad del pueblo en la vida institucional, un pluralismo que se nutra de la sabiduría colectiva y se oriente hacia la justicia social.

Es cierto que este modelo genera inquietudes. La posibilidad de una politización del Poder Judicial es una preocupación legítima que debe ser abordada con seriedad. Sin embargo, es importante recordar que la idea de un Derecho neutral y apolítico es una ficción. Como señala Roberto Gargarella, los jueces son actores políticos, cuyas decisiones tienen un impacto directo en la vida de las personas. La elección popular, en este contexto, se convierte en un mecanismo de rendición de cuentas, una herramienta para asegurar que el Poder Judicial responda a las necesidades y demandas de la sociedad.

La propuesta de reforma, consciente de estos desafíos, incorpora filtros y mecanismos que buscan preservar la calidad técnica del funcionariado judicial. Los Comités de Evaluación y los requisitos de idoneidad son ejemplos de este esfuerzo por conciliar la legitimidad popular con la excelencia profesional. Sin embargo, el reto no se limita a la selección de los candidatos. La escasa representación de pueblos originarios y personas con discapacidad en el Poder Judicial evidencia la necesidad de implementar acciones afirmativas que garanticen una participación real e inclusiva de todos los sectores sociales.

La democratización de la justicia no se agota en el voto. Requiere una transformación profunda que abarque todos los aspectos del sistema, desde la formación de los jueces hasta el acceso a la justicia por parte de los ciudadanos. La Cuarta Transformación, con su enfoque en la justicia social, asume este desafío como una oportunidad para construir un sistema judicial más justo, más equitativo y más representativo de la diversidad de nuestro país. No se trata de politizar a los jueces, sino de deselitizar la justicia, de acercarla al pueblo y ponerla al servicio de sus necesidades.

La independencia judicial no debe confundirse con aislamiento. Un Poder Judicial verdaderamente independiente es aquel que se encuentra libre de presiones indebidas, ya sean de origen político, económico o corporativo. La elección popular, lejos de debilitar esta independencia, puede fortalecerla al someter a los jueces al escrutinio público y al control ciudadano. Un Poder Judicial transparente, sensible a la realidad social y comprometido con la justicia social es un Poder Judicial más independiente y más legítimo. La reforma propuesta representa un paso audaz en esta dirección, un experimento jurídico que nos invita a repensar los fundamentos de nuestro sistema de justicia y a construir un futuro más justo para todos. Como afirma Ferrajoli, la democracia no se agota en el sufragio, pero tampoco puede prescindir de él. Incorporar al pueblo en la configuración del Poder Judicial es una forma de renovar su legitimidad y acercarlo a su mandato originario: proteger los derechos y libertades de todas las personas, especialmente de las más vulnerables.