La propuesta de modificar la CURP para incluir datos biométricos y convertirla en la única identificación oficial en México abre un debate crucial sobre seguridad, eficiencia burocrática y, sobre todo, la protección de datos personales en un contexto político complejo. Si bien la promesa de simplificar trámites, combatir el fraude y proteger a los más vulnerables resulta atractiva, la centralización de información tan sensible en manos del gobierno actual genera inquietudes legítimas que merecen un análisis profundo.

Experiencias internacionales muestran dos caras de la moneda. En países con democracias consolidadas y fuertes mecanismos de control, como Alemania y España, los documentos de identidad digitales han demostrado ser herramientas eficaces para la gestión pública y la seguridad ciudadana. Sin embargo, en contextos autoritarios como Venezuela o China, estos mismos sistemas se han convertido en instrumentos de control político y represión, limitando libertades y vulnerando derechos fundamentales.

La pregunta clave es: ¿qué garantías tenemos en México de que la nueva CURP no seguirá el camino de estos últimos ejemplos? La preocupación se agudiza al considerar que la Secretaría de Gobernación, una entidad con clara filiación política y sin mecanismos de supervisión independientes, sería la encargada de gestionar esta base de datos masiva. Ante la falta de una ley de protección de datos personales robusta y un organismo autónomo que vele por su cumplimiento, el riesgo de que esta información sea utilizada con fines políticos o incluso para la persecución de disidentes es una posibilidad que no podemos ignorar.

Además, la propuesta plantea la posibilidad de reemplazar la credencial del INE, un documento fundamental para el ejercicio del voto y símbolo de la autonomía electoral en México. Debilitar al INE en un contexto de creciente polarización política sería un grave error, poniendo en riesgo la integridad del sistema democrático.

Antes de avanzar con la implementación de la nueva CURP, es imperativo fortalecer las garantías para los ciudadanos. Necesitamos una ley de protección de datos personales que esté a la altura de los estándares internacionales, un organismo autónomo con facultades reales de supervisión y, sobre todo, transparencia total en el acceso y uso de la información ciudadana. La tecnología puede ser una herramienta poderosa para el progreso, pero sin los controles adecuados, se convierte en un arma peligrosa en manos del poder. El debate sobre la nueva CURP no es simplemente una cuestión técnica, sino una discusión fundamental sobre el futuro de nuestras libertades y el tipo de sociedad que queremos construir. La prudencia y la participación ciudadana son cruciales en este momento. No podemos permitir que la eficiencia burocrática se imponga a la protección de nuestros derechos fundamentales. El gobierno debe escuchar las voces de la sociedad civil y garantizar que la nueva CURP, si se implementa, se haga con las salvaguardas necesarias para proteger la privacidad y la libertad de todos los mexicanos. El futuro de nuestra democracia podría depender de ello.