La indignación selectiva de la derecha se ha vuelto un espectáculo tragicómico. Apenas surge un tema incómodo para el gobierno, se transforman en expertos, analistas y jueces implacables. Son como veletas, girando al son de la conveniencia política, prontos a condenar con la furia de mil soles cualquier supuesto error, mientras ignoran con olímpica indiferencia los verdaderos escándalos que mancharon su propio pasado.

Recordemos, por ejemplo, la avalancha de "barcólogos" instantáneos que emergieron tras el lamentable incidente en la Ciudad de México. Sin esperar a las investigaciones, sin un ápice de prudencia, se lanzaron a la yugular, buscando réditos políticos en la tragedia. Su "preocupación" sonaba hueca, un vil disfraz para su verdadero objetivo: atacar al gobierno actual. Ese mismo fervor, sin embargo, brilla por su ausencia cuando se trata de abordar temas verdaderamente cruciales para el país.

¿Dónde estaban esas voces indignadas cuando se discutía el impuesto a las remesas? Un tema que impacta directamente el bolsillo de millones de mexicanos, y que fue recibido con una tibia y calculada "oposición" por parte de quienes hoy se rasgan las vestiduras. ¿Dónde está su defensa del pueblo, su supuesta preocupación por la economía familiar? Parece que su interés se activa y desactiva según la conveniencia del momento.

La hipocresía alcanza niveles estratosféricos cuando se analiza su reacción ante la propuesta de reforma a la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Gritos de "censura" se escuchan desde sus trincheras mediáticas, una acusación vacía, un intento desesperado por desviar la atención de los verdaderos problemas que aquejan al sector. Olvidan, convenientemente, los años de saqueo y desmantelamiento de las instituciones, los favores a las grandes corporaciones, la concentración del poder mediático en unas pocas manos. Ahora, se erigen como defensores de la libertad de expresión, una libertad que ellos mismos socavaron durante décadas.

Y qué decir del silencio cómplice ante la reciente condena de Genaro García Luna. Un caso que evidencia la profunda corrupción que imperaba en los gobiernos anteriores, la connivencia entre el poder político y el crimen organizado. ¿Dónde están los adalides de la transparencia? ¿Dónde están los paladines de la justicia? Su silencio es ensordecedor, una prueba irrefutable de su doble moral. Mientras vociferan contra cualquier supuesto error del gobierno actual, ignoran la podredumbre que anidó en sus propias filas, la gangrena que carcome aún los cimientos de nuestro país.

El fallo de la corte de Florida contra García Luna y su esposa es un triunfo en la lucha contra la corrupción. Una demostración de que la justicia, aunque lenta, alcanza a quienes abusan del poder. Es una llamada de atención para quienes pretenden reescribir la historia, blanquear su pasado y señalar con dedo acusador a quienes trabajan por un México más justo y equitativo. La memoria histórica es un arma poderosa, y no permitiremos que la manipulen para ocultar sus propias culpas. El pueblo no olvida, y la verdad, tarde o temprano, saldrá a la luz.