La sombra de la violencia se cierne nuevamente sobre la comunidad trans en Colombia. La reciente captura de Juan David Echavarría Zapata, alias "Chucky", abre un nuevo capítulo en la investigación del brutal feminicidio de Sara Millerey González, un crimen que ha conmocionado al país y que exige justicia. Las autoridades, en una carrera contra el tiempo y la impunidad, han logrado detener a este segundo implicado, presunto miembro del grupo criminal "El Mesa", en el municipio de Buenos Aires, Antioquia. Este hecho, sin duda, representa un avance significativo en el esclarecimiento de los hechos, pero también deja al descubierto la compleja red de criminalidad que opera en la región y la vulnerabilidad de la población trans.

"Chucky", con un prontuario criminal que incluye homicidio, tráfico de drogas y concierto para delinquir, se había convertido en un fantasma para la justicia. Su historial de fugas pone en evidencia las dificultades que enfrentan las autoridades para combatir la delincuencia y garantizar la seguridad de los ciudadanos. El general Carlos Fernando Triana, director de la Policía Nacional, ha destacado la importancia de esta captura, no solo por su implicación directa en el feminicidio de Sara Millerey, sino también por el impacto que tendrá en la desarticulación de "El Mesa", una organización criminal dedicada al narcotráfico y otras actividades ilícitas que siembran el terror en el Valle de Aburrá.

Esta segunda detención se suma a la de Juan Camilo Muñoz Gaviria, alias "Teta", arrestado a finales de abril y considerado el principal sospechoso del crimen. "Teta", también vinculado a "El Mesa", enfrenta cargos por homicidio agravado y tortura, una muestra de la brutalidad con la que se cometió este feminicidio. Su captura, fruto del trabajo conjunto entre la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá y la Fiscalía General de la Nación, fue un primer paso hacia la justicia, pero no es suficiente.

El recuerdo de Sara Millerey, brutalmente golpeada y arrojada a una quebrada con la intención de que muriera ahogada, sigue vivo en la memoria colectiva. Las imágenes de su lucha por sobrevivir, difundidas en redes sociales, son un testimonio desgarrador de la violencia que sufren las personas trans en Colombia. La recompensa de 50 millones de pesos ofrecida por la Gobernación de Antioquia fue un incentivo para la colaboración ciudadana, pero la verdadera recompensa será ver a todos los responsables tras las rejas.

La familia y amigos de Sara Millerey, aún conmocionados por la tragedia, exigen que se haga justicia. No se conforman con estas dos capturas. Saben que hubo más personas involucradas en la golpiza y esperan que las autoridades continúen con las investigaciones hasta detener a todos los culpables. Este caso no solo debe esclarecerse, sino que debe servir como un llamado de atención sobre la necesidad de implementar políticas públicas que protejan de manera efectiva a la población trans y garanticen su derecho a una vida libre de violencia. La lucha por la justicia para Sara Millerey es la lucha por los derechos de todas las personas trans en Colombia.