La industria de las telecomunicaciones en México se encuentra en un momento crucial. Mientras el Senado discute la nueva Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, la sombra del elevado costo del espectro radioeléctrico se cierne sobre el futuro del sector. Gabriel Székely, director general de la Asociación Nacional de Telecomunicaciones (Anatel), ha expresado su preocupación por la falta de atención a este "gran problema de la industria" en el proyecto de ley. Si bien celebra la eliminación de puntos controversiales, como la posible censura en las telecomunicaciones, Székely insiste en la necesidad de abordar la raíz del problema: el precio del espectro.

Este recurso, esencial para la transmisión de datos y voz en dispositivos como teléfonos, computadoras, radios y televisores, se ha convertido en un obstáculo para la inversión en el país. México ostenta el deshonroso título de tener el espectro radioeléctrico más caro de América Latina, una situación que, según Székely, desincentiva la innovación y el desarrollo del sector. La advertencia de la industria al gobierno sobre la pérdida de competitividad derivada de estos altos costos, parece haber caído en oídos sordos, pues el espectro se sigue viendo como una fuente de recaudación, más que como un motor de crecimiento.

La experiencia de empresas como Telefónica y AT&T, que han devuelto parte o la totalidad del espectro concesionado ante la imposibilidad de sostener los pagos, ilustra la gravedad del problema. El actual sistema de pago, que exige un anticipo del 20% y el abono del 80% restante en cuotas anuales ajustadas a la inflación, se convierte en una carga insoportable para las empresas. Este mecanismo, similar a pagar un "guante" por el acceso al espectro, ha generado una sangría financiera que limita la capacidad de inversión en infraestructura y nuevas tecnologías.

Un halo de esperanza surge con la nueva reforma. En sus 311 páginas, el término "derechos" desaparece, dando paso a una participación menos determinante de la Secretaría de Hacienda. Si bien la dependencia seguirá emitiendo su opinión, esta ya no será vinculante, un cambio que, según Székely, “promete mucho”.

Otro punto clave es la propuesta de otorgar espectro gratuito a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para fines de cobertura social. Si bien la iniciativa suena prometedora, genera inquietud entre las empresas privadas que han invertido en esas áreas. El temor radica en que la CFE exceda su mandato de cobertura social y compita directamente con las empresas privadas en zonas ya cubiertas. La petición del sector es clara: igualdad de condiciones para todos. Si la CFE decide incursionar en el uso comercial del espectro, debe sujetarse a las mismas reglas de juego y competir en un mercado neutral.

La discusión sobre la nueva Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión es una oportunidad para sentar las bases de un sector más competitivo y dinámico. Abordar el problema del costo del espectro es crucial para impulsar la innovación, atraer inversiones y garantizar el acceso a servicios de telecomunicaciones de calidad para todos los mexicanos. El futuro de la conectividad en México depende de las decisiones que se tomen hoy.