La Ciudad de México, una vez más, se encuentra en medio de un torbellino de protestas y bloqueos. La CNTE, un grupo que se autoproclama representante del magisterio democrático, ha tomado las calles, el Zócalo, el Aeropuerto Internacional e incluso la Bolsa Mexicana de Valores, como si fueran fichas de un tablero de ajedrez donde se juega el futuro de la educación. Pero, ¿es realmente el futuro de la educación lo que les preocupa? O, como muchos sospechan, ¿se trata de una lucha de poder, una estrategia para mantener privilegios y cuotas de influencia?

Analicemos la situación. Exigen la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007 y un aumento salarial del 100%. Suenan como demandas justas, ¿cierto? La realidad, sin embargo, es más compleja. La reforma de pensiones, aunque perfectible, no puede simplemente desecharse de un plumazo, sus implicaciones financieras serían catastróficas. En cuanto al aumento salarial, el magisterio ha recibido incrementos sustanciales en los últimos años, incluyendo un reciente anuncio de un 9% adicional. Entonces, ¿qué es lo que realmente busca la CNTE? Pareciera que nada es suficiente para quienes han convertido la protesta en un estilo de vida y el caos en una herramienta política.

La clave para entender este conflicto radica en el cambio de administración. Con la llegada de Claudia Sheinbaum a la Presidencia, el mapa político se ha redibujado. La CNTE, acostumbrada a ciertos privilegios y a un diálogo directo con el poder, ahora se ve obligada a renegociar su posición. Presionan, bloquean, y generan caos para no perder las prebendas y el control sindical que han ostentado durante años en estados como Oaxaca, Chiapas, Guerrero y Michoacán.

Mientras tanto, en medio de este juego de poder, hay ocho millones de estudiantes que son los verdaderos rehenes de esta situación. Ocho millones de niños y niñas que ven vulnerado su derecho a la educación, un derecho fundamental que la CNTE, irónicamente, dice defender. ¿Cómo se puede justificar este atropello? ¿Cómo pueden estos "representantes del magisterio" mirar con indiferencia el daño que causan a la infancia? Se han convertido en profesionales de la protesta, ciegos ante las necesidades de la población, incluso de las madres y padres trabajadores que deben sortear bloqueos y una ciudad sitiada para llevar a sus hijos a la escuela.

La respuesta del gobierno, hasta ahora, ha sido la de la “serenidad y paciencia”, una estrategia que, si bien busca evitar la confrontación, corre el riesgo de ser interpretada como debilidad. El diálogo es fundamental, pero no puede ser a cualquier precio. El Estado no puede ceder al chantaje ni permitir que un grupo minoritario secuestre la capital y ponga condiciones inaceptables. Se debe actuar con firmeza, restablecer el orden y enviar un mensaje claro: la protesta no puede estar por encima de la ley, del derecho a la educación y del bienestar de la ciudadanía. La pregunta que queda en el aire es: ¿hasta cuándo prevalecerá la paciencia frente a la intransigencia? ¿Cuándo se privilegiará el interés de la mayoría sobre los intereses particulares de una minoría radicalizada? El debate está abierto.