La tragedia que envolvió a la familia García la noche del 15 de marzo de 2025 ha dejado una herida profunda en la comunidad latina del sur de California. La muerte de Pedro, un joven de tan solo 19 años, a manos de la policía de Fullerton, ha desatado una ola de indignación y cuestionamientos sobre el uso excesivo de la fuerza policial, especialmente cuando se trata de personas con problemas de salud mental. Treinta disparos. Treinta detonaciones que resonarán por mucho tiempo en la memoria de sus padres, de su hermano menor, de todos aquellos que conocieron a Pedro. Treinta balas que ponen en tela de juicio la actuación de los agentes involucrados, quienes, según las imágenes captadas por sus propias cámaras corporales, abrieron fuego sin mediar palabra, sin intentar siquiera una aproximación pacífica.

Las grabaciones son contundentes. Muestran a Pedro en un estado de agitación evidente, sí, pero también muestran el momento en que deja el cuchillo. Muestran cómo una voz, presumiblemente de uno de los presentes, alerta a los oficiales de que el joven ya no porta el arma. Y a pesar de ello, la lluvia de balas se desata. Una respuesta brutal e inexplicable que segó la vida de un joven que, según sus familiares, necesitaba ayuda, no un pelotón de fusilamiento. ¿Dónde quedó el protocolo? ¿Dónde quedó la tan pregonada capacitación para lidiar con personas en crisis emocionales? ¿Acaso no existen alternativas al gatillo fácil?

La familia García, destrozada por el dolor, clama justicia. Exigen una investigación exhaustiva que no deje lugar a dudas, que esclarezca por qué se optó por la violencia extrema en lugar de la contención. Exigen respuestas a la ausencia de recursos no letales, como pistolas eléctricas o la intervención de negociadores. Exigen saber por qué no se desplegaron perros entrenados, una herramienta que, si bien controvertida, podría haber minimizado el riesgo. Exigen, en definitiva, que la muerte de Pedro no quede impune, que sirva como un llamado de atención para que se revisen los protocolos policiales y se priorice la vida, especialmente la de aquellos que más vulnerables se encuentran.

Organizaciones de derechos humanos se han unido al clamor de la familia, denunciando un patrón preocupante de uso excesivo de la fuerza por parte de la policía, particularmente en comunidades latinas. Señalan que este no es un caso aislado, sino un síntoma de un sistema que necesita una reforma profunda. Un sistema que debe dejar de criminalizar la enfermedad mental y empezar a ofrecer soluciones reales, basadas en la empatía, la comprensión y el apoyo a quienes lo necesitan.

El departamento de policía de Fullerton, por su parte, se ha limitado a declarar que los oficiales actuaron en respuesta a una "amenaza inmediata". Una justificación que suena hueca ante la evidencia de las grabaciones. Si bien han prometido una revisión interna del procedimiento, la confianza en la institución está rota. La comunidad exige transparencia, exige justicia, exige un cambio real. La muerte de Pedro García no puede ser en vano. Debe ser el catalizador para una transformación profunda en la forma en que la policía interactúa con las personas en crisis, especialmente con aquellas que, como Pedro, pertenecen a comunidades históricamente marginadas. El futuro de la seguridad pública y la convivencia pacífica depende de ello.