A menos de una semana de la crucial jornada electoral del 1 de junio en el Estado de México, la tensión se palpa en el aire. Las autoridades electorales, tanto a nivel estatal como federal, se preparan para la tercera mesa de seguridad, un encuentro vital para garantizar la transparencia y la seguridad del proceso democrático. La creciente ola de denuncias, que se ha duplicado en la última semana alcanzando un total de 53, subraya la importancia de este encuentro. El foco de atención se centra en la prevención de irregularidades y en la protección de la integridad del voto.

La cita, programada para el próximo martes, reunirá a figuras clave del panorama electoral mexiquense. Amalia Pulido Gómez, consejera presidenta del Instituto Electoral del Estado de México (IEEM), y Joaquín Rubio Sánchez, vocal de la Junta Local del Instituto Nacional Electoral (INE), encabezarán la discusión junto a representantes del gobierno estatal. La continuidad en el resguardo de los 18 órganos desconcentrados después del 1 de junio será una de las principales peticiones de las autoridades electorales, un punto crítico para asegurar la cadena de custodia de la paquetería electoral durante los cómputos, que se extenderán entre 12 y 15 días. Esta fase, posterior a la votación, representa un desafío logístico considerable y requiere de la máxima protección para evitar cualquier tipo de manipulación o incidente.

La consejera Pulido Gómez ha destacado la importancia de la coordinación con el gobierno estatal, agradeciendo la aportación de cerca de mil millones de pesos para la realización de la elección. Estos recursos han sido fundamentales para la instalación de los órganos desconcentrados, la impresión de más de 51 millones de documentos electorales y la compleja operación de los cómputos. Esta colaboración interinstitucional se presenta como un elemento diferenciador en el contexto electoral del Estado de México, y se espera que contribuya a la fluidez y transparencia del proceso.

Sin embargo, la sombra de las impugnaciones se cierne sobre el proceso. El aumento de 21 a 53 casos en una sola semana es un dato alarmante que refleja la intensidad de la contienda. Las denuncias abarcan desde actos anticipados de campaña hasta el uso indebido de las redes sociales, un terreno resbaladizo en la era digital. Aunque el 60% de estas denuncias ya han sido turnadas a los tribunales electorales, el 40% restante aún se encuentra bajo revisión del IEEM. La diversidad de los casos, sin un patrón específico identificable, añade complejidad al análisis y resolución de las impugnaciones.

Finalmente, la seguridad de los candidatos, especialmente la de las mujeres, sigue siendo una preocupación. Las medidas de protección se mantienen para tres candidatas, un recordatorio de los riesgos que enfrentan quienes aspiran a cargos públicos.

En estas elecciones judiciales, 91 magistraturas y judicaturas están en juego. 398 candidaturas se disputan el favor de más de 13 millones de mexiquenses. En un plazo de apenas 35 días, los candidatos han desplegado sus estrategias para captar el voto. El 1 de junio, la ciudadanía tendrá la última palabra. La jornada electoral se presenta como un momento decisivo para el futuro del Estado de México, un escenario donde la transparencia, la seguridad y la participación ciudadana serán protagonistas. La expectativa es alta, y el país observa con atención el desarrollo de este crucial proceso democrático.