La sombra de la influencia política se cierne amenazante sobre la educación estadounidense. Mucho más grave que la simple destrucción es la manipulación ideológica, el intento de moldear el pensamiento y las acciones de las personas para consolidar el poder de un grupo gobernante. Y en este escenario, las propuestas de Donald Trump representan una seria amenaza a la excelencia del sistema educativo del país.

El desmantelamiento del Departamento de Educación en marzo de este año fue solo el primer paso. Le siguieron la eliminación de programas de becas estudiantiles y la cancelación de cientos de proyectos de investigación científica, iniciativas conjuntas entre el Estado y diversas universidades. Ahora, la ira presidencial se dirige hacia las instituciones que se niegan a desmantelar las políticas de Diversidad, Equidad e Inclusión.

El caso de Harvard se erige como el ejemplo más reciente de esta cruzada. Trump exige que la prestigiosa universidad deje de admitir estudiantes extranjeros e, incluso, transfiera a otras instituciones a aquellos que ya cursan sus estudios. Su argumento se basa en acusaciones de que Harvard "permite revueltas, protestas, pronunciamientos en apoyo a Palestina y de carácter antisemita", actividades que, según él, "fomentan y provocan la traición a Estados Unidos". Sin embargo, estas afirmaciones carecen de fundamento y no se sustentan en ningún estudio riguroso.

De hecho, la memoria colectiva de internet no registra ningún caso comprobado de estudiantes extranjeros en Harvard que hayan incitado a la traicionar a Estados Unidos. Irónicamente, sí existió un estudiante de Harvard que lideró un movimiento de apoyo a la comunidad internacional, creando un ejército no militar, sino de ciudadanos estadounidenses comprometidos con los países más desfavorecidos: John F. Kennedy y los Cuerpos de Paz. Ni Kennedy ni su "ejército" participaban en manifestaciones, lo que desmonta aún más el argumento de Trump.

Si la justificación de Trump se basa en la presencia y las acciones de estudiantes pro Palestina, resulta desproporcionado que la totalidad de la comunidad estudiantil extranjera pague el precio por las acciones de unos pocos. En Harvard, aproximadamente 6,800 estudiantes internacionales, casi un tercio de la matrícula, se verían afectados. A esto se suma la invaluable contribución de los profesores extranjeros, quienes enriquecen la experiencia educativa y han encontrado en las universidades estadounidenses un refugio ante situaciones adversas en sus países de origen.

Las amenazas de Trump no se limitan a las universidades que han albergado protestas contra Israel. El recorte de fondos federales se ha convertido en una realidad para muchas instituciones. Harvard, por su parte, ha iniciado acciones legales contra las decisiones del expresidente y se ha negado a entregar al gobierno la información personal de sus estudiantes extranjeros. El Departamento de Seguridad Nacional, a través de su secretaria Kristi Noem, ha dado un plazo de 72 horas a la universidad para que proporcione información sobre actividades "violentas e ilegales" y protestas estudiantiles dentro y fuera del campus en los últimos cinco años, so pena de perder su programa de matriculación de extranjeros.

Algunos argumentan que es una buena medida deshacerse de estudiantes "revoltosos". Sin embargo, la ambigüedad en la definición de "violencia" por parte de Trump plantea serias preocupaciones sobre los derechos a la libre asociación y manifestación. ¿Dónde se traza la línea entre la protesta legítima y la violencia?

La aversión de Trump hacia la educación de excelencia tiene raíces profundas. Algunos especulan que se originó en el rechazo del Departamento de Educación a su intento de llamar "universidad" a la "Trump University", cerrada en 2010. Una hipótesis que invita a la reflexión. El futuro de la educación estadounidense, y con él, el futuro del país, pende de un hilo ante estas amenazas. La defensa de la libertad académica y la búsqueda del conocimiento deben prevalecer sobre los intereses políticos.