La noticia de que la CURP será requisito para la compra de chips de celular ha generado un intenso debate entre los mexicanos. Mientras algunos aplauden la medida como un paso necesario para fortalecer la seguridad, otros expresan preocupación por la posible vulneración de la privacidad y el aumento de la burocracia. El argumento central del gobierno, encabezado por la Presidenta Sheinbaum, radica en la necesidad de identificar a los usuarios de telefonía móvil para combatir la delincuencia. Señalan que esta medida permitirá rastrear con mayor facilidad la actividad delictiva que se realiza a través de dispositivos móviles, lo que a su vez contribuirá a la reducción de delitos como extorsiones, secuestros y fraudes. Sin embargo, surgen interrogantes sobre la eficacia real de esta medida. ¿Será suficiente para frenar la delincuencia o simplemente se convertirá en un trámite engorroso para los ciudadanos? Expertos en seguridad informática argumentan que los delincuentes encontrarán formas de eludir el registro, utilizando chips prepago no registrados o incluso suplantando identidades. Además, se cuestiona si esta medida no representa una invasión a la privacidad de los ciudadanos.

Por otro lado, la obligatoriedad de la CURP para compras en plataformas digitales como Amazon, Shein, Temu y AliExpress, impuesta desde 2024 por la Secretaría de Hacienda, se presenta como un antecedente a esta nueva medida. Si bien el gobierno argumenta que su objetivo es combatir el contrabando y la evasión fiscal, muchos usuarios se quejan de la complejidad del proceso y la lentitud que genera en sus compras. Ahora, con la posible extensión de este requisito a la compra de chips de celular, se prevé un aumento en la demanda de trámites relacionados con la CURP, lo que podría saturar los servicios de registro y generar largas filas.

La inclusión de datos biométricos en la CURP añade otra capa de complejidad a este panorama. Si bien el gobierno asegura que esta actualización mejorará la seguridad y la identificación de las personas, también despierta inquietudes sobre el manejo y la protección de esta información sensible. ¿Qué garantías existen de que estos datos no serán utilizados para fines distintos a los declarados? ¿Cómo se protegerá la privacidad de los ciudadanos ante posibles filtraciones o accesos no autorizados a estas bases de datos? Estas son preguntas cruciales que el gobierno debe responder para generar confianza en la población.

El debate sobre la obligatoriedad de la CURP para la compra de chips de celular apenas comienza. En el próximo periodo extraordinario del Congreso de la Unión se discutirán las 22 leyes pendientes, entre ellas la Ley de Seguridad, que contempla esta medida. Será fundamental que los legisladores analicen a fondo las implicaciones de esta propuesta, escuchen las voces de los expertos y de la ciudadanía, y garanticen que se respete el equilibrio entre seguridad y privacidad. El futuro de la identificación digital en México está en juego. ¿Se logrará un sistema seguro y eficiente o se creará un aparato burocrático que vulnere los derechos de los ciudadanos? El tiempo lo dirá. Mientras tanto, la discusión continúa y la incertidumbre persiste. La población espera respuestas claras y concisas por parte de las autoridades, que les permitan comprender el alcance real de esta medida y sus posibles consecuencias en su vida diaria.