La crisis política en Nuevo León se profundiza. No solo la escasez de agua, la inseguridad y la contaminación ahogan al estado, sino que ahora un manto de sospechas electorales empaña aún más la gestión del gobernador Samuel García. La caída de 11 posiciones en el Ranking de Gobernadores, dejándolo en un preocupante 24° lugar con apenas un 55.8% de aprobación, refleja el descontento ciudadano. El aumento de las tarifas del transporte público y la percepción de una respuesta gubernamental ineficaz ante las crisis que azotan al estado son lastres que arrastran la imagen del gobernador. A esto se suma la sombra de un presunto operativo para influir en la elección judicial. La distribución de "acordeones" con los números de los candidatos a jueces que presuntamente el gobernador busca favorecer, levanta serias dudas sobre la transparencia y la imparcialidad del proceso. Las denuncias de empleados estatales, que afirman haber sido coaccionados para participar en este operativo, pintan un panorama aún más oscuro. La presión para entregar credenciales del INE de familiares y amigos, la participación en simulacros de votación con registro fotográfico de boletas y códigos QR personalizados, son prácticas que no solo rayan en lo ilegal, sino que minan la confianza en las instituciones democráticas.

Mientras la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEDE) investiga estas denuncias, la ciudadanía se pregunta si la joya de la corona de Movimiento Ciudadano se deslustra irremediablemente. Interferir en la elección judicial no es la solución a la inestabilidad política. La democracia se construye sobre la libertad de elección y la imparcialidad de las instituciones, principios que parecen tambalearse en Nuevo León. Es imperativo que las autoridades actúen con celeridad y transparencia para garantizar la integridad de este proceso electoral, el primero de su tipo en la historia del país. El futuro de la justicia en Nuevo León, y la confianza ciudadana en el sistema democrático, penden de un hilo.

Pero las sombras de la sospecha no se limitan a Nuevo León. En el IMSS Veracruz Norte, bajo la dirección de Edith Jiménez Martínez, se encienden las alarmas. Un proceso de compra de cartuchos de impresión, el LA-50-GYR-050GYR014-N-142-2025, levanta sospechas de favoritismo hacia ciertas empresas, Ofivillanely, TCA Empresarial y Valmar Digitalmicro, todas vinculadas a la marca Lexmark. Los requisitos del proceso parecen diseñados a medida para estas firmas, lo que contrasta con la apertura internacional de años anteriores. La pregunta que resuena en los pasillos del IMSS es si Zoé Robledo intervendrá para garantizar la transparencia de esta adquisición. Algunos señalan a José Manuel Escobedo, ex coordinador de Abastecimiento y Equipamiento en el IMSS Zacatecas, como la figura detrás de este cuestionado proceso. ¿Se trata de una simple coincidencia o de una maniobra para favorecer a ciertas empresas? La lupa de la opinión pública está puesta sobre este caso.

En contraste con estos escenarios de incertidumbre, la llegada del Ovation of the Seas a Ensenada, Baja California, marca un hito en el turismo marítimo del Pacífico. Este coloso de los mares, con capacidad para 5 mil pasajeros, no solo representa una victoria para Royal Caribbean, sino también para Hutchison Ports ECV, que ha invertido en infraestructura para recibir a embarcaciones de esta magnitud. El reforzamiento del Muelle 2, con nuevas bitas de alta capacidad, es un testimonio del compromiso de Hutchison Ports México, liderado por Jorge Magno Lecona, con el desarrollo del turismo en la región. El 2 de junio no solo se recordará por la llegada del Ovation of the Seas, sino por el inicio de una nueva era para el turismo en Baja California.

Mientras tanto, en Monterrey, la crisis de movilidad continúa agravándose. El crecimiento desmedido de la población y del parque vehicular ha rebasado la capacidad de la infraestructura existente. El Viaducto Morones Prieto se presenta como una posible solución a este problema, pero la Cámara Nacional de la Industria de la Construcción (CNIC) insiste en la necesidad de un enfoque integral que incluya el transporte público y los desplazamientos no motorizados. La Caintra, por su parte, aboga por diagnósticos técnicos rigurosos que sustenten este tipo de proyectos, y propone la participación de la iniciativa privada para complementar las inversiones gubernamentales. La movilidad en Monterrey se ha convertido en un rompecabezas complejo que exige soluciones innovadoras y una visión a largo plazo.