La creciente ola de violencia en Uruapan, Michoacán, ha desatado una polémica nacional tras las contundentes declaraciones de su alcalde, Carlos Manzo, quien ha instruido a sus fuerzas policiales a “abatir” a delincuentes armados sin miramientos. Esta postura, expresada con firmeza en una transmisión en vivo, ha generado un intenso debate sobre los límites de la actuación policial y la delgada línea que separa la legítima defensa del uso excesivo de la fuerza. Manzo argumenta que la severidad de la situación, marcada por la reciente ejecución de una mujer, exige medidas drásticas. Su mensaje, claro y directo, no deja lugar a interpretaciones: la negociación con el crimen organizado ya no es una opción.

La respuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum no se hizo esperar. Con la misma contundencia, pero desde una perspectiva diametralmente opuesta, Sheinbaum rechazó categóricamente la postura del alcalde michoacano. Sus palabras, cargadas de un profundo respeto por el Estado de Derecho, recordaron la importancia de apegarse al debido proceso. Para la presidenta, la solución no reside en la escalada de violencia, sino en la aplicación rigurosa del sistema penal acusatorio. Detención en flagrancia, carpeta de investigación y presentación de pruebas: esos son los pilares que deben guiar la actuación de las fuerzas del orden. Rechazar este camino, advierte Sheinbaum, significa retroceder a los oscuros tiempos de la “guerra contra el narco”, una estrategia que, a su juicio, ha dejado una profunda herida en el tejido social del país y cuyos costos, tanto humanos como económicos, aún se siguen pagando.

La controversia generada por las palabras de Manzo ha trascendido las fronteras de Michoacán. En redes sociales, la discusión se ha polarizado entre quienes aplauden su firmeza y quienes condenan su radicalismo. El hashtag #UruapanInseguro se ha convertido en un hervidero de opiniones encontradas, reflejo de la profunda preocupación que la inseguridad genera en la sociedad mexicana. Algunos ciudadanos, cansados de la violencia que azota sus comunidades, ven en la postura del alcalde una respuesta necesaria ante la ineficacia de las estrategias tradicionales. Otros, en cambio, alertan sobre el peligro de normalizar la ejecución extrajudicial y las consecuencias que esto podría tener para el Estado de Derecho.

Mientras tanto, en Uruapan, la tensión se palpa en el aire. Las calles, patrulladas por policías con la orden de “abatir” a delincuentes armados, se han convertido en el escenario de un drama que pone en evidencia la complejidad del problema de la inseguridad en México. La postura de Carlos Manzo, lejos de apaciguar los ánimos, ha avivado el debate nacional. En entrevistas posteriores, el alcalde ha redoblado su apuesta, asegurando que “los abrazos ya no caben en México porque la delincuencia no tiene principios”. Esta declaración, tan contundente como polémica, ha dejado en claro que la discusión está lejos de terminar. ¿Es la mano dura la solución a la violencia que azota a Michoacán? ¿O se trata de un peligroso atajo que podría agravar aún más la situación? El tiempo, y las consecuencias de esta polémica decisión, tendrán la última palabra.