La sombra de la inseguridad se cierne sobre Pachuca, una ciudad que parece haber olvidado el significado de la tranquilidad. Los datos de la ENSU no mienten: la percepción de inseguridad se ha disparado, un reflejo palpable de una realidad que golpea a diario a sus habitantes. Imaginen una ciudad de casi 400 mil almas custodiada por apenas 400 policías. Una proporción absurda, casi una burla a la lógica y una bofetada a las recomendaciones internacionales. Uno por cada mil, una cifra que contrasta dramáticamente con lo que debería ser, uno por cada 500 según la ONU. La necesidad de duplicar la fuerza policial es urgente, una demanda que clama desde las calles, desde los hogares, desde la propia esencia de una ciudad que anhela volver a respirar en paz.

Colonias como San Antonio, Anáhuac, C. Doria y Plutarco Elías Calles se han convertido en el escenario perfecto para la delincuencia. Son focos rojos, territorios abandonados a su suerte, donde la ausencia de vigilancia es la invitación que los criminales estaban esperando. No se trata solo de números, sino de la precariedad que ahoga a la corporación policial. Desde marzo, las voces de los agentes se han alzado, denunciando la falta de un servicio médico digno, la obligación de pagar atención privada o mendigar un espacio en el Hospital General cuando la enfermedad o el accidente los acecha.

¿Y qué decir de las herramientas de trabajo? Radios inservibles, teléfonos personales convertidos en improvisados centros de comunicación, la carencia de chalecos, armas, uniformes, patrullas… un catálogo de carencias que deja a los policías expuestos, vulnerables, incapaces de proteger a la ciudadanía y mucho menos a sus propias familias. ¿Salarios dignos? Una utopía en un contexto donde la precariedad es la norma. El FORTAMUN, con sus más de 314 millones de pesos destinados a Pachuca, parece un espejismo, una promesa incumplida. Los recursos existen, pero no se traducen en mejoras reales, no se invierten en la contratación de más personal, ni en mejores condiciones laborales, ni en el equipamiento básico que cualquier policía necesita.

La amenaza de un paro laboral planea en el aire, una advertencia desesperada de una corporación que se siente abandonada, ignorada. Si no se les brinda las herramientas y las condiciones dignas para desempeñar su labor, la seguridad de Pachuca podría quedar en manos del azar.

Mientras tanto, en San Luis Potosí, el Instituto Tecnológico se consume en una crisis interna sin precedentes. Acusaciones de acoso laboral, hostigamiento, corrupción administrativa y complicidad sindical han salido a la luz, destapando una olla a presión que llevaba tiempo a punto de estallar. El director, José Diego Bárcenas, se encuentra en el ojo del huracán, junto a sus subdirectores, señalados por tejer una red de poder que castiga la disidencia y protege los abusos.

El líder sindical, Sergio Sierra Segura, se suma a la lista de implicados, acusado de anteponer su lealtad al director por encima de los intereses de los trabajadores a los que representa. La situación es crítica. Un ultimátum ha sido lanzado: si el Tecnológico Nacional de México no interviene de inmediato, el ITSLP cerrará sus puertas la próxima semana. Un plantel destinado a formar a los ingenieros del futuro, hoy se asfixia bajo el peso de la corrupción y el abuso de poder. La educación, el futuro de una generación, pende de un hilo.