La reciente sentencia de amparo 272/2025, emitida por la Jueza Quinta de Distrito en Morelos, ha puesto en el centro del debate la problemática del acceso al derecho a la identidad de la niñez en México. El caso, que involucra a una niña de cinco años a la que se le negó el registro de nacimiento debido a la aplicación rígida del Código Familiar y el Reglamento del Registro Civil del estado, revela las profundas grietas que aún persisten en nuestro sistema legal y la urgente necesidad de una reforma integral.

La presunción legal de que todo hijo nacido dentro del matrimonio es hijo del esposo, si bien busca proteger la integridad familiar, en situaciones como la descrita se convierte en una barrera infranqueable para el reconocimiento de la filiación biológica y, consecuentemente, para el acceso al registro de nacimiento. Imaginemos la angustia de esta madre, enfrentada a la absurda exigencia de que su ex esposo iniciara un juicio de desconocimiento de paternidad, un proceso largo y costoso, para que su hija pudiera tener un nombre y una identidad legal. ¿Cinco años sin existencia jurídica? ¿Cinco años negándole a una niña el acceso a servicios de salud, educación y programas sociales? Es inaceptable.

Este caso no es un hecho aislado. Según datos del INEGI, cientos de miles de niñas y niños en México viven sin acta de nacimiento, invisibilizados ante el Estado y expuestos a una vulnerabilidad extrema. Atribuir esta situación a la negligencia de los padres es simplista y peligroso. Las causas son multifacéticas y complejas: pobreza, falta de información, dificultades de acceso a las oficinas del Registro Civil, nacimientos fuera del sistema de salud, infancias en movilidad humana, y un sinfín de trabas burocráticas que complican aún más el proceso.

La jueza Magaña ha dado un paso fundamental al reconocer la necesidad de una revisión crítica del marco normativo. La aplicación mecánica de la ley, sin considerar el contexto y las circunstancias particulares, puede tener consecuencias devastadoras, especialmente para los más vulnerables. El interés superior de la niñez debe ser el principio rector en todas las decisiones que les conciernen. No podemos permitir que leyes obsoletas y trámites engorrosos sigan vulnerando el derecho fundamental a la identidad.

La sentencia del amparo 272/2025 no es solo una victoria para esta niña y su familia, es una llamada de atención para toda la sociedad. Es imperativo que legisladores, autoridades del Registro Civil y todos los actores involucrados en la protección de la niñez asuman su responsabilidad y trabajen en conjunto para eliminar las barreras que impiden el acceso al registro de nacimiento. Debemos garantizar que todas las niñas y niños en México puedan ejercer plenamente su derecho a una identidad, a un nombre, a una historia, a un futuro. El tiempo apremia, y cada día que pasa sin actuar es un día más de injusticia para quienes más necesitan de nuestra protección. El camino hacia un México más justo para la niñez comienza por garantizar su derecho a existir legalmente.

Por Sandra Espinosa Rizo

Abogada del área de Asuntos Públicos de Early Institute

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