La sombra de la corrupción se cierne aún sobre México, y el caso de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública, se erige como un tétrico recordatorio de la magnitud que puede alcanzar la impunidad. La reciente sentencia en Florida, que obliga a García Luna y a su familia a restituir 2 mil 500 millones de dólares al erario público mexicano, es un paso importante en la búsqueda de justicia. Pero, ¿es suficiente? Esta victoria, anunciada con firmeza por la Presidenta Claudia Sheinbaum, es solo el inicio de un largo y complejo proceso para desentrañar la red de corrupción tejida durante años. La demanda interpuesta por el gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador, y diligentemente desarrollada bajo la supervisión de la Secretaria de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez, ha dado sus frutos. Sin embargo, la cifra recuperada, aunque astronómica, palidece ante el daño infligido a las instituciones y a la confianza de la ciudadanía.

La Unidad de Inteligencia Financiera, liderada por Pablo Gómez, ha destapado una cloaca de contratos fraudulentos, otorgados a empresas vinculadas a García Luna entre 2009 y 2018. NOMBRES como NUNVAV Inc y Nice Systems Ltd, resuenan ahora como sinónimos de complicidad y desfalco. Millones de dólares, destinados a la seguridad de los mexicanos, fueron desviados a cuentas offshore, en un elaborado esquema de enriquecimiento ilícito. La elección de Florida como sede judicial no fue casual: el exsecretario y su esposa, Cristina Pereyra, establecieron ahí su residencia, quizás buscando un refugio ante la tormenta que se avecinaba. La sentencia del tribunal floridano, obligándolos a pagar el triple del daño causado, es un claro mensaje: la justicia, aunque lenta, alcanza a quienes abusan del poder.

Pero la historia no termina aquí. El caso García Luna es una hidra de múltiples cabezas. En México, aún existen órdenes de aprehensión pendientes, y las autoridades se afanan en recabar testimonios y pruebas para completar el rompecabezas de la corrupción. Se busca la colaboración de aquellos que, involucrados en la trama, puedan aportar información crucial a cambio de una eventual reducción de sus penas. El objetivo no es solo castigar a los culpables, sino también comprender el modus operandi de estos “delincuentes de cuello blanco”, como los denomina Pablo Gómez. Desentrañar la compleja red de influencias, sobornos y lavado de dinero, es fundamental para prevenir que se repitan estos episodios de corrupción sistémica. La transición hacia un país más justo y transparente exige no solo la recuperación de lo robado, sino también la construcción de instituciones sólidas y la erradicación de la impunidad. El caso García Luna es una oportunidad única para mirar al pasado, aprender de los errores y construir un futuro donde la corrupción no tenga cabida. La lucha continúa.