La tragedia que enlutó a una familia de Tulancingo en 2023, tras la muerte de un joven en una celda municipal, sigue resonando en las paredes de la justicia. La reciente disculpa pública ofrecida por la alcaldesa Lorena García Cazares, si bien representa un paso importante hacia el reconocimiento de las violaciones a los derechos humanos, deja un sabor agridulce en la boca de quienes aún claman por justicia. Las palabras de la edil, reconociendo las fallas documentadas en el expediente CDHH-TV-0120-23 y lamentando los hechos ocurridos en la administración anterior, son un bálsamo, pero no cierran la herida abierta por la pérdida irreparable de una vida. La promesa de mejorar las condiciones del área de barandillas y capacitar al personal policial con una perspectiva de derechos humanos, especialmente para los grupos más vulnerables, es una luz de esperanza en un sistema que a menudo falla a quienes debería proteger. Sin embargo, la verdadera justicia se construye con acciones, no solo con palabras.

Los familiares de la víctima, con el dolor aún fresco en sus corazones, aceptaron la disculpa pública, pero su voz se alza con fuerza para exigir a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH) que acelere el proceso de investigación. Dos años han transcurrido desde aquella fatídica noche de agosto de 2023, cuando el joven fue detenido por ingerir bebidas alcohólicas en la vía pública, un acto que no debería haberle costado la vida. Las presuntas omisiones de los uniformados, aún bajo la lupa de la investigación, pesan como una losa sobre la conciencia colectiva. La incertidumbre y la falta de respuestas concretas por parte de la PGJEH alimentan la angustia de una familia que busca la verdad y la reparación del daño.

La petición de los familiares no es solo un clamor individual, sino un llamado a la sociedad en su conjunto. Exigen que se garantice la justicia, que los responsables, tanto materiales como intelectuales, sean procesados y rindan cuentas ante la ley. Este caso pone de manifiesto la urgente necesidad de transformar el sistema de justicia, de erradicar la impunidad y de construir un Tulancingo donde los derechos humanos sean una realidad tangible para todos, sin distinción.

La presidenta de la CDHEH, Ana Karen Parra Bonilla, ha señalado la precariedad de los centros de retención primaria en diversos municipios, denunciando el hacinamiento y la falta de dignificación en el trato a las personas detenidas. Este llamado a la acción debe ser escuchado por todos los gobiernos municipales, instándolos a implementar cambios profundos que garanticen el respeto a la dignidad humana en todos los ámbitos.

La historia del joven fallecido en la celda de Tulancingo nos interpela como sociedad. ¿Cuántos casos más se ocultan tras las paredes de la indiferencia? ¿Cuántas familias más tendrán que clamar por justicia ante la inacción de las autoridades? Es hora de que la indignación se transforme en acción, de que la solidaridad se convierta en el motor de un cambio real. La memoria del joven fallecido debe ser un recordatorio constante de la importancia de defender los derechos humanos y de exigir justicia para todos. Solo así podremos construir un futuro donde la dignidad humana sea el pilar fundamental de nuestra convivencia.