La sombra de la violencia sexual se cierne de nuevo sobre la Ciudad de México, dejando al descubierto la vulnerabilidad de nuestros niños y adolescentes. La reciente condena de Rafael “N” a 24 años y cuatro meses de prisión por violación y corrupción de menores, en un caso que estremece por la reiteración de los abusos durante más de un año, nos obliga a reflexionar sobre la magnitud del problema y la urgencia de fortalecer las medidas de protección. El fallo, dictado por un juez de control, representa un paso importante en la lucha contra la impunidad, pero también un recordatorio doloroso de las cicatrices invisibles que estos crímenes dejan en las víctimas. La colonia Pedregal de San Nicolás, en Tlalpan, se convierte en el escenario de una tragedia que, lamentablemente, se replica en muchos rincones de nuestra ciudad y del país.

Más allá de la condena de Rafael “N”, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México ha redoblado sus esfuerzos con la detención de dos hombres más, acusados de delitos sexuales contra menores. Estos casos, ocurridos en Iztapalapa e Iztacalco, revelan una problemática extendida que exige una respuesta contundente por parte de las autoridades y de la sociedad en su conjunto. La aprehensión de Christian Emeth “N” en Ecatepec, Estado de México, con el apoyo de las autoridades mexiquenses, demuestra la importancia de la colaboración interinstitucional para perseguir y castigar a quienes atentan contra la integridad de los más vulnerables. La vinculación a proceso de este individuo por la presunta violación de una menor en Santa María Aztahuacan, Iztapalapa, abre un nuevo capítulo en la búsqueda de justicia.

Por otro lado, la detención de José Martín “N”, acusado de abusar sexualmente de su sobrina de tan solo ocho años en la colonia Agrícola Oriental, Iztacalco, destapa la dolorosa realidad del abuso intrafamiliar, un fenómeno que se desarrolla en la intimidad del hogar y que a menudo permanece oculto por el miedo y la vergüenza. La prisión preventiva dictada para ambos imputados en el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, mientras se desarrollan las investigaciones, es una medida necesaria para garantizar la seguridad de las víctimas y la correcta impartición de justicia.

Sin embargo, más allá de las acciones punitivas, es fundamental impulsar políticas públicas de prevención y atención integral a las víctimas. La educación sexual en las escuelas, la capacitación a padres y madres de familia, y el fortalecimiento de las redes de apoyo son pilares fundamentales para construir una sociedad que proteja a sus niños y adolescentes. La presunción de inocencia, un principio fundamental de nuestro sistema judicial, debe ser respetada en todos los casos, pero también es crucial que las investigaciones se lleven a cabo con la debida diligencia y que se garantice el acceso a la justicia para las víctimas.

La lucha contra la violencia sexual requiere un compromiso colectivo. Debemos romper el silencio, denunciar los abusos y exigir que se aplique todo el peso de la ley a quienes cometen estos crímenes. La protección de la infancia es una responsabilidad compartida que no podemos eludir. Solo a través de la acción conjunta podremos construir un futuro donde nuestros niños y adolescentes puedan crecer libres de violencia y con la seguridad de que sus derechos serán protegidos.