El estrépito del martillo del juez resonó con la fuerza de un terremoto en la vida de Genaro García Luna y su esposa, Linda Cristina Pereyra. La Corte de Miami-Dade ha dictado sentencia: una cifra astronómica que supera los 2,488 millones de dólares, una losa de concreto sobre las espaldas de la pareja, acusada de orquestar una intrincada red de corrupción y lavado de dinero durante la gestión de García Luna como Secretario de Seguridad. Imaginen, más de 52 mil millones de pesos mexicanos, una suma que marea, que cuesta comprender en su magnitud. Es el precio, según la justicia estadounidense, de la traición a la confianza pública, del enriquecimiento ilícito a costa del erario.

Esta sentencia, como un faro en la noche, ilumina la compleja trama de corrupción que se tejió en las sombras del poder. No se trata solo de números, sino de la devastación que la corrupción deja a su paso, de la erosión de la confianza en las instituciones, del daño irreparable a la sociedad. La jueza Lisa Walsh, con la firmeza de la ley en su mano, ha triplicado la cantidad inicialmente demandada, aplicando la legislación de Florida con todo su rigor. Un mensaje claro y contundente: la corrupción no quedará impune.

La historia, sin embargo, no termina aquí. La sentencia es un capítulo más en la saga judicial que persigue a García Luna y su esposa. Siete resoluciones de culpabilidad previas, como piedras en el camino, han marcado el recorrido de este proceso. La inasistencia de la pareja al juicio, un silencio que grita culpabilidad, ha allanado el terreno para la sentencia final.

La recuperación de activos, como una gota de agua en el desierto, ha comenzado. Casi dos millones de dólares en activos líquidos, una propiedad en Florida valuada en más de medio millón de dólares, y otros 275,000 dólares adicionales, son las primeras piezas del rompecabezas que se empieza a armar. Estos recursos, como un bálsamo para las heridas del erario público, ya han sido transferidos a la Tesorería de la Federación.

Pero la búsqueda no cesa. El Estado Mexicano, con la tenacidad de un sabueso, continuará rastreando cualquier activo que pueda estar oculto bajo el manto del engaño. Propiedades, cuentas bancarias, cualquier bien que pueda estar bajo el nombre de testaferros, será objeto de escrutinio. La justicia, como una red invisible, se extiende para atrapar cualquier vestigio de la fortuna ilícita.

Este caso civil en Miami, como una pieza independiente en el tablero judicial, se suma a la condena penal que García Luna recibió en Nueva York en 2024. 38 años y ocho meses de prisión, una condena que resonó en todo el mundo, por sus vínculos con el narcotráfico y el Cártel de Sinaloa. Un recordatorio sombrío de la penetración del crimen organizado en las esferas del poder.

La historia de García Luna y Pereyra es una parábola de nuestro tiempo. Una historia de ambición desmedida, de traición y de las consecuencias devastadoras de la corrupción. Un relato que nos obliga a reflexionar sobre la importancia de la transparencia, la rendición de cuentas y la lucha incansable contra la impunidad. El eco de la sentencia de Miami-Dade resonará por mucho tiempo, como un llamado a la justicia y a la construcción de un futuro más transparente.