La creciente preocupación por la seguridad en la Comarca Lagunera de Durango se ha convertido en un clamor colectivo. A pesar de las promesas gubernamentales y los discursos sobre paz social, la realidad que viven a diario los ciudadanos, especialmente los del sector agropecuario, contrasta dramáticamente con la imagen oficial. Las extorsiones, que operan como un "impuesto criminal" invisible a las estadísticas, asfixian la economía regional y siembran un profundo sentimiento de vulnerabilidad. No se trata de hechos aislados, sino de una problemática sistemática que exige una respuesta contundente por parte de las autoridades estatales.

La ausencia del gobernador Esteban Villegas Villarreal en reuniones cruciales sobre seguridad, como la sostenida recientemente con el Mando Especial de La Laguna, ha amplificado la sensación de abandono y desatención. Si bien delegó su representación en el secretario de Seguridad y la fiscal estatal, su falta de presencia personal ha sido interpretada como una señal de desinterés frente a las demandas ciudadanas. La petición de los diversos organismos civiles y empresariales no es nueva: exigen un contacto directo con el gobernador, un diálogo franco que les permita exponer la gravedad de la situación y demandar acciones concretas.

La declaración del gobernador Villegas el pasado 26 de marzo, en la que aseguraba plena seguridad en los 39 municipios del estado durante el periodo electoral, ha sido recibida con escepticismo y contradicha por los testimonios de quienes viven en la región. Mientras el discurso oficial habla de estabilidad, la realidad se impone con nuevas modalidades de extorsión, como el envío de documentos falsos con amenazas de embargo por deudas inexistentes. Estas prácticas, que involucran a supuestos despachos de cobranza, generan miedo e incertidumbre en las familias y pequeños negocios, víctimas de una maquinaria delictiva que opera con impunidad.

La complejidad del problema se agrava con la colusión de algunos grupos criminales con organizaciones formalmente constituidas, como sindicatos de transportistas, que actúan como fachadas para la extorsión y la violencia. Esta situación evidencia la necesidad de una coordinación efectiva entre el gobierno estatal y los sectores productivos, una alianza que permita desmantelar estas redes criminales y recuperar la tranquilidad que se construyó con años de esfuerzo conjunto entre ciudadanos, fuerzas de seguridad y autoridades en sexenios pasados.

La inacción del gobierno estatal no solo erosiona la confianza ciudadana, sino que también pone en riesgo el desarrollo económico de la región. La Comarca Lagunera de Durango, con su importante vocación agropecuaria, necesita un clima de seguridad para prosperar. La falta de estrategias claras y la ausencia de voluntad política para enfrentar la violencia organizada crean un vacío que es rápidamente ocupado por las estructuras criminales.

Los organismos civiles, como el Consejo Cívico de las Instituciones Laguna, la Mesa Ciudadana de Seguridad y Justicia de Torreón y México SOS, han alzado la voz para exigir medidas inmediatas que frenen la violencia y garanticen la paz social. Su llamado a la acción no se limita a denuncias, sino que propone un diálogo constructivo y la implementación de estrategias que involucren a todos los actores sociales.

La seguridad no se construye con discursos ni con apariciones esporádicas en eventos públicos. Requiere presencia constante, diálogo directo con la ciudadanía, estrategias eficaces y, sobre todo, una firme voluntad política para enfrentar la violencia y garantizar la tranquilidad de todos los duranguenses. El futuro de la Comarca Lagunera depende de ello.