La reciente declaración del gobernador de Nuevo León sobre los programas sociales federales ha generado un debate crucial sobre la justicia social y la inversión en el futuro de México. Su afirmación de que estos programas representan una "enorme cantidad de dinero" que podría utilizarse de manera más eficiente, no solo revela una desconexión preocupante con la realidad de millones de mexicanos, sino que también ignora los profundos beneficios que estos programas han aportado al país.

Es innegable que programas como la Pensión Universal para Adultos Mayores, Jóvenes Construyendo el Futuro y la Beca “Rita Cetina” representan una inversión vital para el desarrollo humano y económico de México. Para millones de familias que viven en la precariedad, estos apoyos significan la diferencia entre tener alimento en la mesa, acceder a la educación o encontrar una oportunidad laboral. No se trata simplemente de un gasto, sino de una apuesta por el futuro, un impulso para romper el ciclo de la pobreza y construir una sociedad más justa e inclusiva.

Además, estos programas forman parte de una estrategia integral para fortalecer la economía interna. Al inyectar recursos directamente en los bolsillos de las familias más vulnerables, se estimula el consumo local y se dinamizan las economías regionales. Este efecto multiplicador, a menudo ignorado por quienes critican estos programas desde la comodidad del privilegio, es fundamental para el crecimiento económico sostenible y la reducción de la desigualdad.

La experiencia personal ofrece un testimonio elocuente del impacto transformador de estas oportunidades. Una beca, un apoyo oportuno, puede cambiar el curso de una vida, abriendo puertas a la educación, al desarrollo del talento y a un futuro más prometedor. Negar la importancia de estas ayudas es negar la posibilidad de un futuro mejor para millones de jóvenes y familias mexicanas.

La Pensión Universal para Adultos Mayores, en particular, representa un acto de justicia y reconocimiento para quienes, durante décadas, contribuyeron al desarrollo del país con su trabajo y esfuerzo. Es una forma de retribuir su aportación a la sociedad y garantizarles una vejez digna. Criticar este programa es no solo una falta de sensibilidad, sino una muestra de ingratitud hacia quienes construyeron los cimientos del México actual.

Resulta paradójico, e incluso hipócrita, que el propio estado de Nuevo León, a través de sus programas sociales, busque replicar los beneficios de las políticas federales que el gobernador critica. La inversión en apoyos alimentarios para jefas de familia, cuidadoras y personas con discapacidad demuestra la eficacia de estas estrategias para combatir la pobreza y la desigualdad. ¿Por qué entonces criticar a nivel federal lo que se implementa a nivel estatal?

En lugar de cuestionar la validez de los programas sociales, deberíamos enfocarnos en fortalecerlos, ampliar su cobertura y mejorar su eficiencia. La lucha contra la pobreza y la desigualdad requiere un compromiso conjunto de todos los actores sociales, incluyendo al gobierno, el sector privado y la sociedad civil. Es hora de dejar de lado las críticas infundadas y trabajar unidos para construir un México más justo, inclusivo y próspero para todos. El futuro del país depende de ello.