La sombra de la violencia se cierne nuevamente sobre México, dejando al descubierto la profunda fragilidad institucional que nos aqueja. Los asesinatos de Ximena Guzmán y José Muñoz, figuras clave en el gobierno de la CDMX, no son hechos aislados, sino síntomas alarmantes de una enfermedad que corroe al país. La pregunta que resuena en la mente de todos es ¿quiénes poseen la capacidad y los recursos para orquestar un ataque de tal magnitud, dirigido al corazón mismo del poder en la capital? ¿Qué intereses ocultos se esconden detrás de esta tragedia que conmociona a la nación?

Las declaraciones de la presidenta Sheinbaum, prometiendo justicia y el castigo a los responsables, se pierden en el eco de la impunidad que ha caracterizado a los gobiernos morenistas. Mientras las autoridades hablan de una investigación exhaustiva y un despliegue de recursos para dar con los culpables, la realidad nos golpea con la crudeza de las cifras: 50 políticos asesinados tan solo en el primer trimestre de 2025. Un número que habla por sí solo de la incapacidad del gobierno para contener la ola de violencia que nos azota.

Se intenta maquillar la realidad con discursos de decomisos y detenciones, con operativos mediáticos que buscan proyectar una imagen de control. Sin embargo, la verdad se esconde tras un velo de propaganda. La Secretaría de Seguridad Ciudadana carece del control operativo real de las fuerzas de seguridad, un poder que reside en manos de la Secretaría de la Defensa Nacional. Las diferencias y tensiones entre los mandos militares y civiles son un secreto a voces, un síntoma más de la descoordinación y la falta de una estrategia efectiva para combatir al crimen organizado.

La gira mediática de Omar García Harfuch, presentando supuestos avances en la lucha contra la delincuencia, se desmorona ante la evidencia de la violencia que se vive día a día en las calles. Mientras los Rocha, los Ávila-Torres, los Monreal, los Villarreal, los López, los Salgado Macedonio, y una larga lista de personajes intocables, sigan cobijados por el manto de la impunidad, cualquier estrategia será inútil.

El problema no se limita a la falta de coordinación o a la ineficiencia de las fuerzas de seguridad. La raíz del mal es la profunda conexión entre el poder político y el poder fáctico. Mientras los intereses de unos pocos se antepongan al bienestar de la nación, la violencia seguirá campando a sus anchas.

El clamor de la presidenta por una "crítica responsable" suena a una petición de silencio cómplice, un intento de acallar las voces que exigen respuestas y resultados. Convertir el velorio de sus colaboradores en un mitin político es una muestra más de la insensibilidad y la desconexión con el dolor de la ciudadanía.

Ante la exigencia de la presidenta, nos preguntamos: ¿por qué no podemos exigirle a ella y a su gobierno que asuman su responsabilidad y den resultados concretos? ¿Por qué no podemos exigir un cambio real en la política de seguridad, una estrategia que vaya más allá de la propaganda y se enfoque en la protección de los ciudadanos?

La próxima elección judicial se presenta como un escenario de alto riesgo, con la ambición desmedida de Morena por mantener el control político a cualquier precio. En esta destrucción anunciada, el crimen organizado será el gran ganador, mientras la democracia y los mexicanos pagamos el precio de la ineptitud y la corrupción.

La impunidad es el sello distintivo de los gobiernos morenistas, una impunidad que se alimenta de la narrativa de una transformación que en realidad se ha convertido en una deformación institucional. La tragedia de Ximena Guzmán y José Muñoz es un recordatorio doloroso de que la violencia no discrimina y que nadie está a salvo en un país donde la impunidad reina. Es un llamado urgente a la acción, a exigir un cambio real, a romper el ciclo de violencia que nos consume.