El Senado mexicano se encuentra en la recta final para definir los cambios a la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión, una reforma impulsada por el presidente que ha generado un intenso debate en el sector. Tras una serie de conversatorios, este jueves se llevó a cabo el último diálogo abierto, centrado en el crucial tema de los derechos de las audiencias. Este espacio de discusión ha reunido a 18 expertos, incluyendo figuras destacadas del mundo de la publicidad, la defensa de las audiencias y la protección de los derechos de los usuarios. La intención, según el senador morenista José Antonio Cruz Álvarez Lima, es recoger las diversas preocupaciones, propuestas y observaciones que han surgido en torno a la reforma, para posteriormente integrarlas al dictamen que se encuentra en estudio en las comisiones del Senado. El objetivo es ambicioso: aprobar la reforma en un período extraordinario antes del 30 de junio.

El debate se centra en la necesidad de equilibrar la regulación del sector, incluyendo a las plataformas de streaming y otros medios digitales que, hasta ahora, han permanecido en un terreno gris en cuanto a la protección de los derechos de las audiencias. José Antonio García Herrera, presidente de la CIRT, ha alzado la voz sobre la necesidad de una "regulación igualitaria para todos los medios de comunicación", advirtiendo sobre el riesgo de una sobreregulación que pueda atentar contra la libertad de expresión. Su preocupación radica en la disparidad existente entre la regulación que se aplica a la radio y la televisión tradicionales, y la falta de un marco legal claro para las nuevas plataformas digitales.

Desde la perspectiva de las audiencias, Saray Gómez González, presidenta de la Asociación Mexicana de Defensoría de las Audiencias, ha enfatizado que las audiencias no son meros receptores pasivos, sino sujetos de derechos con la potestad de reclamar ante el Estado cualquier violación a los mismos. "Los derechos de las audiencias son derechos humanos", ha declarado con firmeza, resaltando la importancia de este principio en el contexto de la reforma.

La discusión también ha abordado la necesidad de garantizar el acceso a información veraz y oportuna. Leopoldo Maldonado, director general de Artículo 19 para México y Centroamérica, ha vinculado los derechos de las audiencias con este derecho fundamental de la sociedad, argumentando que una información completa y precisa es esencial para el ejercicio de una ciudadanía plena.

Finalmente, José Agustín Pineda, ex subprocurador de Telecomunicaciones de la Profeco, ha destacado el papel activo que esta institución ya desempeña en la protección de los derechos de las audiencias, incluyendo la sanción de prácticas que vulneran estos derechos. Su testimonio refuerza la idea de que la protección de las audiencias es una tarea que requiere la participación de diferentes actores, incluyendo a las instituciones encargadas de la defensa del consumidor.

La reforma a la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión se encuentra en un momento crucial. El Senado tiene la responsabilidad de escuchar las diversas voces que se han expresado en este proceso y construir un marco legal que garantice el equilibrio entre la regulación del sector, la protección de los derechos de las audiencias y la libertad de expresión. El resultado de este debate tendrá un impacto significativo en el panorama mediático mexicano y en la forma en que los ciudadanos acceden a la información.