En un paso decisivo hacia la protección de los derechos de la infancia, el Congreso de Puebla ha prohibido los matrimonios infantiles, una práctica arraigada en algunos municipios del estado regidos por usos y costumbres. Esta histórica decisión, aprobada por unanimidad, modifica la Ley Orgánica Municipal, eliminando la posibilidad de que los alcaldes en turno autoricen uniones entre menores de edad. Hasta ahora, esta laguna legal permitía la perpetuación de una tradición que ponía en grave riesgo el bienestar y desarrollo de niñas y adolescentes.

La diputada panista Celia Bonaga Ruiz, impulsora de esta crucial reforma, ha sido una voz incansable en la denuncia de los peligros inherentes a los matrimonios infantiles. En sus intervenciones, ha subrayado las devastadoras consecuencias que estas uniones forzadas acarrean para las menores, desde la violencia física y psicológica, hasta los embarazos precoces y el consiguiente abandono escolar, perpetuando un ciclo de pobreza y desigualdad. La diputada Bonaga Ruiz ha insistido en la necesidad de erradicar esta práctica que, aunque parezca anacrónica, aún se tolera en ciertas regiones del estado, ocultas bajo el manto de la tradición.

La gravedad de la situación se acentúa por el hecho de que, en muchos casos, estas uniones se celebran con la aprobación e incluso la presencia de un familiar adulto, lo que evidencia la normalización de una práctica que vulnera los derechos fundamentales de las niñas. Comunidades como Hueytlalpan, Cuetzalan y Huitzilan, enclavadas en la sierra poblana, han sido señaladas como ejemplos de lugares donde estas uniones se llevan a cabo, a pesar de contravenir la legislación vigente.

Con esta reforma, el Congreso de Puebla envía un mensaje contundente: la infancia debe ser protegida y los derechos de las niñas son innegociables. La diputada Bonaga Ruiz ha reiterado la importancia de recordar que la edad mínima legal para contraer matrimonio en México es de 18 años, tal y como lo estipulan tanto el Código Civil Federal como el estatal. Esta ley, ahora reforzada, proporciona un marco legal sólido para perseguir y sancionar a quienes participen en la celebración de matrimonios infantiles, ya sean familiares, autoridades municipales o cualquier otra persona involucrada.

La prohibición de los matrimonios infantiles en Puebla no es solo un logro legislativo, es un triunfo para la sociedad civil, para las organizaciones que luchan por los derechos de la infancia y, sobre todo, para las niñas poblanas, quienes ahora cuentan con una herramienta legal que las protege de una práctica que les roba su futuro. El siguiente paso es crucial: asegurar la implementación efectiva de esta reforma, a través de campañas de concientización en las comunidades, la capacitación de las autoridades locales y el seguimiento puntual de los casos para garantizar que ninguna niña sea obligada a contraer matrimonio antes de alcanzar la mayoría de edad. La lucha por la erradicación definitiva de esta práctica requiere un esfuerzo conjunto de la sociedad en su conjunto, para construir un futuro donde las niñas poblanas puedan ejercer plenamente sus derechos y alcanzar todo su potencial.