La sombra de la incertidumbre se cierne sobre las familias mexicanas en Estados Unidos y sus seres queridos en México. El anuncio del Congreso estadounidense sobre un impuesto del 3.5% a las remesas ha desatado una ola de preocupación y descontento, avivando el debate sobre la eficacia de la diplomacia mexicana y la protección de los intereses de nuestros connacionales en el exterior. Lejos de ser un "gran logro", como lo calificara el embajador Esteban Moctezuma, esta medida se percibe como una daga en el corazón de miles de familias que dependen de estos envíos para su sustento.

La indignación resuena en las voces de la oposición, que acusa a la cancillería y al embajador de una gestión desastrosa, incapaz de salvaguardar los derechos de los mexicanos en Estados Unidos. El vicecoordinador económico del PAN en la Cámara de Diputados, Héctor Saúl Téllez, no ha escatimado en críticas, calificando la situación de "completamente desastrosa" y señalando la falta de resultados tangibles en la defensa de los intereses nacionales.

Más allá de la retórica política, las cifras pintan un panorama sombrío. Con la entrada en vigor de este impuesto, se estima una pérdida de aproximadamente 2,200 millones de dólares, una cifra que se traduce en 45 mil millones de pesos que dejarán de llegar a los hogares mexicanos. Este golpe al bolsillo familiar impactará directamente en la capacidad de miles de personas para cubrir necesidades básicas como vivienda, salud y educación, profundizando las desigualdades y la vulnerabilidad de los sectores más desfavorecidos.

La preocupación se extiende a las consecuencias a largo plazo de esta medida. Expertos advierten sobre el riesgo de un aumento en el mercado negro de divisas, una vía informal y peligrosa para el envío de dinero que podría poner en riesgo a los migrantes y sus familias. Asimismo, se teme un impacto negativo en la economía de los estados que más dependen de las remesas, como Oaxaca, Guerrero, Chiapas, Zacatecas y Michoacán, donde estos envíos representan entre el 10% y el 14% del PIB estatal.

La doble tributación que implica este impuesto, además de ser considerada discriminatoria e ilegal, viola el tratado firmado en 1994 entre México y Estados Unidos, un acuerdo que buscaba precisamente evitar este tipo de situaciones. Este incumplimiento pone en tela de juicio la solidez de los acuerdos bilaterales y la capacidad de México para hacer valer sus derechos en el escenario internacional.

En medio de la tormenta, surge la pregunta crucial: ¿qué medidas tomará el gobierno mexicano para proteger a sus ciudadanos en el exterior y mitigar el impacto de este impuesto? La respuesta a esta interrogante definirá el futuro de miles de familias que, con esfuerzo y sacrificio, contribuyen al desarrollo de ambos países. La comunidad migrante espera una respuesta contundente, una defensa férrea de sus derechos y una estrategia clara para enfrentar este nuevo desafío. El tiempo apremia y la incertidumbre se agudiza, mientras las familias mexicanas a ambos lados de la frontera esperan con ansias una solución que les permita seguir adelante.