La madrugada del jueves 22 de mayo se tiñó de rojo en Morelos. Un macabro hallazgo a las 6:30 am sobre la carretera Cuernavaca-Cuautla, en la curva conocida como el Cañón de Lobos, ha vuelto a encender las alarmas sobre la violencia que azota a la entidad. El cuerpo sin vida de una joven, de entre 20 y 35 años, yacía en el asfalto, marcado por la crueldad de varios impactos de bala. La escena, desgarradora, fue acordonada por elementos de la Policía Municipal, mientras personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) iniciaba las primeras indagatorias.

La víctima, vestida con una blusa de manga corta color rosa claro y shorts deportivos morados, se convierte en una cifra más en la estadística de la violencia de género. Sus prendas, ahora pistas clave en la investigación, son el último testimonio de su vida, una vida arrebatada brutalmente. La FGE, tras recolectar al menos tres casquillos en el lugar, trasladó el cuerpo al Servicio Médico Forense (SEMEFO). Allí, entre el silencio de la muerte, se buscarán respuestas: su identidad, su historia, y si su ausencia ya había sido denunciada en algún reporte de desaparición.

Este nuevo feminicidio, un término que lamentablemente se ha vuelto cotidiano en el vocabulario mexicano, nos obliga a mirar de frente la realidad. Morelos, un estado que se presume de su belleza natural y su tranquilidad, cerró el 2024 con la sombra de al menos 140 casos de feminicidio, según los datos del Centro de Derechos Humanos “Digna Ochoa”. Una cifra que hiela la sangre y que nos recuerda la urgencia de acciones contundentes.

Susana Díaz Pineda, vocera de la organización, ha pintado un panorama aún más desolador: en los últimos tres años, se han registrado 456 feminicidios en Morelos. 147 en 2022, 166 en 2023 y 143 en 2024. Números que no son solo estadísticas, sino vidas truncadas, familias destrozadas y una sociedad que clama justicia. ¿Qué está fallando? ¿Dónde está la protección que el Estado debe garantizar a las mujeres? Estas son las preguntas que resuenan con fuerza en cada rincón del país.

El artículo 325 de nuestro Código Penal Federal define el feminicidio como privar de la vida a una mujer por razones de género. Pero más allá de la definición legal, se trata de un problema social profundo, arraigado en la desigualdad y la discriminación. Es un llamado a la reflexión, a la acción y a la construcción de una sociedad donde las mujeres puedan vivir libres de violencia.

La joven encontrada en la carretera Cuernavaca-Cuautla, con su blusa rosa y sus shorts morados, se convierte en un símbolo, en un recordatorio de la deuda que tenemos como sociedad. No podemos permitir que su muerte, como la de tantas otras, quede impune. Es necesario exigir a las autoridades una investigación exhaustiva que esclarezca los hechos y castigue a los responsables. Pero también es fundamental trabajar en la prevención, en la educación y en la erradicación de la cultura machista que alimenta esta violencia. El futuro de nuestras hijas, hermanas y madres depende de ello. No podemos, ni debemos, quedarnos callados.