La sombra de la tragedia de Ayotzinapa se alarga, alcanzando ahora las altas esferas del sistema judicial guerrerense. Lambertina Galeana Marín, quien fuera la máxima autoridad del Tribunal Superior de Justicia del Estado durante el periodo en que se perpetró la desaparición de los 43 normalistas, ha sido vinculada a proceso, marcando un hito en las investigaciones de este caso que ha conmocionado a México y al mundo. La Jueza Segundo de Distrito en Materia Penal de Toluca, Raquel Duarte Cedillo, ha considerado contundentes las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la República, abriendo así un nuevo capítulo en la búsqueda de justicia para las víctimas y sus familias.

La imputación de Galeana Marín por delitos de desaparición forzada y actos en perjuicio de la administración de justicia, sacude los cimientos de la confianza en el sistema judicial. La pregunta que resuena en la sociedad es: ¿cómo pudo la máxima representante de la justicia en Guerrero estar presuntamente involucrada en un acto de tal magnitud? Este acontecimiento pone de manifiesto la urgente necesidad de depurar las instituciones y erradicar la corrupción que, como un cáncer, corroe el estado de derecho.

La vinculación a proceso de la ex magistrada no es un punto final, sino un paso crucial en la compleja trama de este caso. Se abre ahora un periodo de investigación complementaria, donde se espera que se esclarezcan los detalles de su presunta participación. ¿Cuál fue su rol en la desaparición de los jóvenes? ¿Qué tipo de actos en perjuicio de la administración de justicia se le imputan? Estas son algunas de las interrogantes que la sociedad exige sean respondidas con transparencia y celeridad.

Casi una década después de la fatídica noche de Iguala, las familias de los 43 normalistas siguen clamando por justicia. La vinculación a proceso de Lambertina Galeana Marín representa una chispa de esperanza en un camino largo y tortuoso. Es un recordatorio de que la lucha por la verdad y la justicia no debe cesar, y que la impunidad no puede ser una opción.

Este caso trasciende las fronteras del estado de Guerrero, impactando en la percepción nacional e internacional sobre la situación de los derechos humanos en México. La mirada del mundo está puesta en el desarrollo de este proceso judicial, esperando que se aplique la ley con rigor y se haga justicia a las víctimas. La sociedad mexicana exige que se llegue al fondo del asunto, que se identifiquen a todos los responsables, y que se implementen medidas para prevenir que tragedias como la de Ayotzinapa vuelvan a ocurrir.

La vinculación a proceso de Galeana Marín no solo es un paso importante en la búsqueda de justicia para los 43 normalistas, sino también un llamado a la reflexión sobre la importancia de fortalecer el estado de derecho y combatir la corrupción. Es un recordatorio de que la justicia, aunque a veces tarde, debe llegar. Y es una muestra de que la lucha por la verdad, por dolorosa que sea, es el único camino para construir un futuro más justo y equitativo. El caso Ayotzinapa continúa abierto, y la sociedad mexicana seguirá vigilante, exigiendo respuestas y justicia.