La participación ciudadana en los procesos electorales es fundamental para la salud de nuestra democracia. El papel del observador electoral, como garante de la transparencia y la legalidad, cobra especial relevancia en este contexto. Sin embargo, el reciente informe del Instituto Nacional Electoral (INE) sobre las solicitudes para ser observador en la elección judicial nos invita a una reflexión profunda sobre la importancia del cumplimiento de los requisitos y el compromiso real con la observación electoral.

El INE ha rechazado un 31% de las solicitudes, un porcentaje superior al 27% registrado en los procesos electorales de 2023-2024. Este incremento en el número de rechazos, principalmente debido a la vinculación de los solicitantes con partidos políticos o cargos públicos relacionados con programas sociales, plantea interrogantes sobre la motivación real de algunas de estas solicitudes. ¿Se busca realmente contribuir a la transparencia del proceso o existen otros intereses en juego?

La consejera electoral Norma Irene de la Cruz ha destacado la rigurosidad del proceso de revisión de las solicitudes, que se realiza en un plazo de cinco días y con el apoyo de herramientas tecnológicas que garantizan la certeza de los resultados. Este rigor es indispensable para asegurar la imparcialidad de los observadores electorales y la confianza ciudadana en su labor. Es crucial que quienes asuman este rol lo hagan con total independencia y apego a la legalidad.

Resulta alentador el alto número de solicitudes recibidas, que asciende a 316,723, con una destacada participación de mujeres (192,257) y una incipiente, pero significativa, presencia de personas no binarias (47). Este interés por participar en la observación electoral es una muestra del compromiso ciudadano con la democracia. Sin embargo, la cantidad no debe estar reñida con la calidad. Es preferible contar con un número menor de observadores, pero con la garantía de su imparcialidad y compromiso, que con una gran cantidad de observadores cuya motivación pueda ser cuestionada.

El contraste entre las entidades con mayor y menor número de solicitudes, como el Estado de México (43,887) y Colima (menos de 2,000), nos invita a analizar las particularidades de cada región y las posibles causas de estas diferencias. ¿Existe una mayor cultura de participación ciudadana en unas entidades que en otras? ¿Influyen factores socioeconómicos o políticos en el interés por la observación electoral?

El hecho de que se hayan aprobado cinco veces más observadores electorales que en las elecciones presidenciales de 2024, con un total de 131,239 acreditaciones, es un dato relevante que merece ser analizado en profundidad. ¿Responde a un mayor interés ciudadano en la elección judicial o a otros factores, como una mayor difusión de la convocatoria o una mayor facilidad para realizar el trámite?

Finalmente, las 114,000 solicitudes que aún se encuentran en revisión demuestran la magnitud de la tarea que tiene ante sí el INE. Es fundamental que este proceso se lleve a cabo con la mayor celeridad y transparencia posible, para que los ciudadanos que cumplen con los requisitos puedan ejercer su derecho a participar como observadores electorales y contribuir a la construcción de una democracia más sólida y transparente. La participación ciudadana informada y responsable es el pilar fundamental de un sistema electoral confiable y legítimo.