La sombra de la corrupción se cierne sobre la administración del presidente municipal de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, tras revelarse un escándalo que involucra contratos millonarios, sobreprecios exorbitantes y una empresa sancionada por la Secretaría de la Función Pública (SFP). La organización "Ciudadanos Observando" ha destapado una trama que deja al descubierto un posible daño patrimonial a la hacienda municipal que supera los 15 millones de pesos.

El epicentro de la controversia reside en el contrato DAAS/163/2022, otorgado a la empresa Casanova Vallejo, una compañía con un pasado turbio. Recordemos que esta misma empresa fue inhabilitada por 45 meses por la SFP por inflar los precios de ambulancias vendidas al IMSS. A pesar de este antecedente, la administración de Galindo Ceballos decidió arrendar a Casanova Vallejo una flotilla de 42 vehículos por la cuantiosa suma de 27.6 millones de pesos, un contrato con duración de dos años.

Lo que inicialmente parecía un simple arrendamiento, tomó un giro aún más oscuro cuando, al concluir el contrato en 2024, Galindo Ceballos anunció la compra de estas mismas unidades a Casanova Vallejo. Sin embargo, "Ciudadanos Observando" ha documentado que solo se adquirieron 27 vehículos, y lo más alarmante, con sobreprecios que alcanzan hasta un 57%. El esquema de pago revela cifras escandalosas: 121 mil pesos por cada Chevrolet Aveo, 142 mil 649 pesos por cada MG Excite CVT, 224 mil 99 pesos por cada camioneta JAC Frison T8 y 198 mil 224 pesos por cada camioneta JAC Frison T6.

Para comprender la magnitud del desfalco, analicemos el caso de la pick-up JAC Friston T8 asignada al Secretario General del Ayuntamiento, Fernando Chávez Méndez. Por esta unidad, se pagaron 791 mil 136 pesos en concepto de arrendamiento, y al finalizar el contrato, se desembolsaron 224 mil 100 pesos adicionales para su compra. En total, más de un millón de pesos por un vehículo que, de haberse comprado de contado en 2022, habría costado tan solo 360 mil pesos. Un sobrecosto de más de 655 mil pesos que sale directamente del bolsillo de los potosinos.

Este patrón se repite en otras adquisiciones, como la de la camioneta AC Friston T6 asignada a Eduardo Marceleño Alonso, Coordinador de Comunicación Social. Por esta unidad, se erogó un total de 989 mil 361 pesos, cuando su valor real en 2022 era de 345 mil pesos, lo que representa un sobreprecio de más de 644 mil pesos.

La gravedad de estos hechos no solo radica en los sobreprecios, sino también en la utilización de estos vehículos por parte de funcionarios locales, lo que plantea interrogantes sobre un posible uso indebido de recursos públicos. Además, "Ciudadanos Observando" sugiere que esta red de corrupción podría extenderse hasta la Secretaría de Finanzas estatal, lo que ampliaría aún más el alcance de esta investigación.

Ante estas revelaciones, la ciudadanía exige transparencia y rendición de cuentas. Es imperativo que se investigue a fondo este escándalo y se deslinden responsabilidades. El dinero público no puede ser utilizado para enriquecer a unos pocos a costa del bienestar de la comunidad. La justicia debe prevalecer y los responsables deben ser sancionados con todo el rigor de la ley. El futuro de San Luis Potosí depende de la integridad de sus gobernantes.