En un paso crucial hacia la humanización de los procesos forenses y la búsqueda de justicia para las familias de personas desaparecidas, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) y el Instituto de Servicios Periciales y Ciencias Forenses (INCIFO) han unido fuerzas. Este convenio de colaboración, firmado por la Fiscal Bertha Alcalde Luján y el Magistrado Presidente del Poder Judicial, Rafael Guerra Álvarez, promete revolucionar la identificación de personas fallecidas no identificadas en la capital. No se trata solo de un acuerdo administrativo, sino de un compromiso tangible con la verdad y la dignidad de quienes han perdido la vida y la angustia de quienes los buscan.

La creación del Registro Único de Personas Fallecidas es la piedra angular de esta iniciativa. Imaginen una base de datos centralizada, que concentra toda la información disponible sobre personas fallecidas sin identificar: huellas dactilares, perfiles genéticos, características físicas, vestimenta, incluso objetos personales. Este registro, alimentado por ambas instituciones, permitirá cruzar información de manera sistemática y ágil, abriendo nuevas posibilidades de identificación y conectando las piezas de un rompecabezas a menudo complejo y doloroso.

La promesa es clara: ningún cuerpo será resguardado sin antes haber agotado todos los recursos de identificación. El cruce de huellas dactilares con la base de datos del INE y la obtención del perfil genético se convertirán en procedimientos obligatorios. Esto no solo agilizará los procesos de identificación, sino que también brindará certeza y tranquilidad a las familias que buscan a sus seres queridos. Además, se fortalecerán los procesos forenses mediante la colaboración entre los equipos periciales de ambas instituciones, lo que permitirá determinar con mayor precisión las causas de muerte y, en algunos casos, esclarecer posibles delitos.

El nuevo Protocolo de Necropsia, con su enfoque multidisciplinario, representa un avance significativo en la búsqueda de la verdad. Este protocolo integrará diversas disciplinas forenses, desde la medicina legal hasta la antropología, para obtener un panorama completo y preciso de cada caso. Además, se implementará un plan de recuperación de cuerpos inhumados en fosas comunes del Panteón Civil de Dolores, una tarea titánica pero fundamental para brindar respuestas a familias que han esperado años, incluso décadas, para encontrar a sus seres queridos.

El compromiso de la Fiscal Alcalde Luján resuena con fuerza: "Lo que buscamos es que ninguna persona permanezca sin ser identificada, que ninguna familia se quede sin respuesta". Estas palabras, cargadas de empatía y determinación, reflejan la importancia de este convenio y el impacto que tendrá en la vida de muchas personas.

El Magistrado Guerra Álvarez, por su parte, ha destacado la importancia del trabajo conjunto entre el Gobierno de la Ciudad de México, la FGJCDMX, el Poder Judicial y las organizaciones de la sociedad civil. La búsqueda de personas desaparecidas es una tarea que requiere la colaboración de todos los sectores de la sociedad, un esfuerzo sostenido y coordinado para brindar respuestas y sanar las heridas del pasado. Este convenio, sin duda, es un paso firme en esa dirección, una luz de esperanza en medio de la oscuridad.

Este no es simplemente un convenio más, es una declaración de principios. Un compromiso con la justicia, con la verdad, con la dignidad de las víctimas y el derecho de las familias a saber qué pasó con sus seres queridos. Es un paso hacia una ciudad más justa y humana, donde la búsqueda de la verdad no se detiene ante la adversidad.