La paciencia de los capitalinos se agota ante los bloqueos magisteriales. Un reciente estudio de Question Mark revela una abrumadora desaprobación del 78% entre los residentes de la Ciudad de México, quienes perciben estas acciones como una forma de presión indebida sobre el gobierno local. Javier Murillo, Director General de la firma encuestadora, explicó en una entrevista radiofónica que la ciudadanía no respalda estas tácticas de la CNTE, interpretándolas como un intento de forzar la mano del gobierno para obtener privilegios.

Este descontento generalizado se palpa en las calles y se amplifica en las redes sociales, donde la indignación ciudadana crece día a día. Los usuarios expresan su frustración por el caos generado y la interrupción de su rutina diaria. "Nos están llevando al límite", claman muchos, argumentando que la ciudad no puede ser rehén de estas protestas. El estudio, basado en 622 entrevistas telefónicas automatizadas a mayores de 18 años en la Zona Metropolitana del Valle de México, tiene un margen de error del +/- 3.91% y un nivel de confianza del 95%, lo que le otorga una sólida representatividad.

Más allá de los números, la encuesta refleja un sentimiento de hartazgo y una creciente polarización en la opinión pública. Mientras la CNTE defiende sus demandas, la mayoría de los capitalinos se siente afectada y cuestiona la legitimidad de estas acciones. La pregunta que surge es, ¿cuál es el precio que la ciudad debe pagar por estas disputas? El impacto económico de los bloqueos es innegable, afectando comercios, el transporte público y la productividad en general. Pero el costo social, en términos de la convivencia y la paz ciudadana, podría ser aún mayor.

La percepción de que se busca recuperar privilegios, en lugar de defender derechos legítimos, es un factor clave en el rechazo ciudadano. Muchos se preguntan si existen otras vías de diálogo y negociación que no impliquen el perjuicio a terceros. La búsqueda de soluciones se vuelve urgente ante un escenario cada vez más tenso. ¿Es posible conciliar el derecho a la protesta con el derecho de los ciudadanos a la libre circulación y a una vida sin interrupciones?

El debate está abierto y la necesidad de un diálogo constructivo se impone. La ciudadanía exige respuestas y soluciones. Mientras tanto, la tensión en las calles continúa, dejando una estela de incertidumbre y la incógnita de qué pasará después. El futuro de la ciudad depende, en gran medida, de la capacidad de las partes involucradas para encontrar un punto de encuentro y construir puentes de entendimiento. El tiempo apremia y la paciencia de los capitalinos se agota.