La indignación recorre las venas de la comunidad educativa de Mérida, Yucatán, tras el caso de una estudiante de la Escuela Secundaria Técnica número 66, ubicada en la colonia Santa Rosa, quien fue hospitalizada tras una presunta agresión física por parte de un compañero. El eco de este lamentable suceso resuena con fuerza en las redes sociales, amplificando el clamor de justicia y señalando una preocupante inacción por parte de las autoridades escolares. La página de Facebook "No más bullying" se ha convertido en el altavoz del dolor y la frustración de una madre que ve a su hija sufrir las consecuencias de un acoso sistemático, ignorado, al parecer, por quienes tenían la responsabilidad de protegerla.

El testimonio de la madre es desgarrador. Describe una situación de acoso constante por parte de un compañero de clase, un martirio que se prolongó durante meses bajo la mirada, aparentemente indiferente, del personal docente. A pesar de las repetidas quejas y reportes, la situación no fue atendida con la seriedad que merecía, permitiendo que el acoso escalara a un nivel de violencia física brutal.

Las lesiones sufridas por la joven son un testimonio contundente de la gravedad del ataque. Hemorragias internas leves en el cerebro, dos dientes fracturados y heridas en la boca, un saldo doloroso que la mantuvo hospitalizada, canalizada y sin poder ingerir alimentos sólidos durante días. Más allá del daño físico, las secuelas emocionales de este episodio seguramente marcarán a la joven, un recordatorio constante de la vulnerabilidad que sintió dentro de las paredes de su propia escuela.

La respuesta de la directora del plantel, alegando desconocimiento de los hechos, añade otra capa de indignación al caso. ¿Cómo es posible que una situación de acoso sostenido durante ocho meses pase desapercibida para la máxima autoridad de la escuela? Esta aparente ignorancia pone en evidencia la falta de protocolos eficaces para prevenir, detectar y atender la violencia escolar, una falla sistémica que deja a los estudiantes expuestos a situaciones de riesgo.

Si bien la familia del presunto agresor se ha ofrecido a cubrir los gastos médicos, este gesto, aunque necesario, no es suficiente. No borra el dolor, el miedo y la humillación que ha sufrido la víctima. No repara el daño emocional, ni devuelve la confianza perdida en el sistema educativo. El dinero no puede comprar la tranquilidad ni la seguridad que le fueron arrebatadas.

El llamado de la madre a que los docentes "se pongan las pilas" es un grito desesperado que exige un cambio profundo en la cultura escolar. Un llamado a la responsabilidad, a la empatía y a la acción. No basta con reclamar derechos laborales, es fundamental proteger los derechos de los estudiantes, garantizando un entorno seguro y libre de violencia donde puedan desarrollarse plenamente.

Este caso no puede quedar como una simple anécdota más de violencia escolar. Debe ser un catalizador para la implementación de medidas concretas que protejan a los estudiantes y prevengan futuros episodios de acoso. La comunidad educativa, las autoridades y la sociedad en su conjunto deben unirse para construir una escuela donde la tolerancia, el respeto y la seguridad sean los pilares fundamentales. El futuro de nuestros jóvenes depende de ello.