La sombra de la tala clandestina continúa extendiéndose sobre los bosques de Acaxochitlán, Hidalgo. Una reciente intervención de la Fiscalía General de la República (FGR), en conjunto con la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano, dejó al descubierto una red de procesamiento de madera ilegal. Tres inmuebles, convertidos en improvisados centros de aserrío, fueron asegurados en la localidad de Los Reyes. La escena que encontraron las autoridades era un crudo recordatorio del impacto devastador de esta actividad ilícita: torres de aserrío, vehículos desmantelados, pilas de madera de pino, rollos de diferentes medidas, tablas y polines, todo listo para su comercialización en el mercado negro. A pesar del éxito del operativo, un elemento crucial faltó: la detención de los responsables. La ausencia de aprehendidos, según las propias autoridades, se debe a la compleja red de rutas alternas utilizadas para el transporte de la madera, lo que permite a los talamontes evadir la justicia.

Este nuevo capítulo en la lucha contra la tala clandestina en Hidalgo enciende las alarmas sobre la vulnerabilidad de sus recursos forestales. Acaxochitlán, con sus extensos bosques, se ha convertido en un foco rojo para este delito. La FGR ha anunciado el refuerzo de los operativos en la zona, pero la pregunta que queda en el aire es si estas medidas serán suficientes para frenar el avance de la deforestación. Siete sitios clandestinos de tala ilegal se han desmantelado tan solo este año en el estado, la mayoría concentrados en el Valle de Tulancingo, una región conocida por la riqueza de sus bosques de pinos y coníferas.

La falta de detenciones no solo evidencia la sofisticación de las redes criminales, sino también la necesidad de implementar estrategias más efectivas para combatir este problema. Organizaciones defensoras del medio ambiente y de los derechos humanos han criticado la falta de seguimiento por parte de las autoridades federales, señalando la necesidad de una política integral que vaya más allá de los operativos puntuales. Se denuncia la presencia de grupos armados que operan con impunidad en la región, intimidando a las comunidades locales y devastando los bosques. La impunidad alimenta el ciclo de la tala ilegal, permitiendo que los responsables continúen operando sin temor a las consecuencias.

Greenpeace México ha alertado sobre la preocupante pérdida de superficie forestal en Hidalgo, una entidad que se encuentra entre las más afectadas por la tala clandestina. La organización señala la urgencia de implementar medidas que protejan los bosques de la Sierra Alta y la Sierra Gorda, dos zonas de gran valor ecológico que también se encuentran bajo la amenaza de esta actividad ilegal. La explotación indiscriminada de los recursos naturales no solo pone en riesgo la biodiversidad de la región, sino que también afecta el equilibrio ecológico y el bienestar de las comunidades que dependen de los bosques para su subsistencia. Es necesario un compromiso real por parte de las autoridades para frenar esta problemática y garantizar la preservación de los pulmones verdes de Hidalgo para las futuras generaciones. El tiempo se agota y los bosques no pueden esperar.