El próximo 1 de junio, la ciudadanía mexicana tiene una cita crucial con las urnas: la elección de personas juzgadoras. Este acto, lejos de ser un mero trámite burocrático, representa la esencia misma de nuestra libertad democrática, la capacidad de decidir quiénes ostentarán el poder judicial y, por ende, influirán en el rumbo de nuestra justicia. Recordemos la trascendencia histórica del voto, pensemos en la lucha de Francisco I. Madero contra el porfiriato. ¿Dónde estaríamos hoy si el pueblo no hubiera ejercido su derecho a elegir?

Si bien el contexto actual difiere del de la Revolución Mexicana, la importancia del voto permanece inalterable. Las estructuras de poder, siempre presentes, se manifiestan en las esferas económica, social, política y, ahora con especial relevancia, en la judicial. Estos ámbitos, lejos de estar aislados, se entrelazan y condicionan mutuamente. El panorama político actual, con mayorías legislativas inéditas, es fruto de transformaciones económicas y sociales que han reconfigurado el rostro de México e impulsado cambios en el sistema judicial, independientemente de las razones que los motiven.

Todos los ciudadanos inscritos en el Registro Nacional de Electores y con credencial vigente tenemos la oportunidad, y la responsabilidad, de participar en esta elección. Quienes disienten de la reforma judicial pueden expresar su postura votando por las personas juzgadoras que actualmente ocupan los cargos, identificadas en la boleta electoral con las siglas "EF" (En Funciones). De este modo, manifiestan su confianza en la judicatura existente y su desacuerdo con los cambios propuestos. Por otro lado, quienes apoyan la reforma tienen la posibilidad de optar por nuevos perfiles, ya sean jóvenes o adultos, académicos, litigantes o servidores públicos que cumplan con los requisitos. La clave reside en la coherencia: votar por la continuidad o por el cambio, una decisión que pondrá a prueba el sistema judicial mexicano.

Será revelador analizar cuántos de los juzgadores en funciones que se presentan a la reelección obtendrán el respaldo popular. Este resultado reflejará la verdadera magnitud del apoyo o rechazo a la reforma judicial. Ante este panorama, abstenerse de votar o instar a la población a no ejercer su derecho al voto no es una opción válida, incluso bajo las circunstancias más adversas. Renunciar a nuestra libertad de elegir a nuestros representantes no es un camino viable para el progreso ni un incentivo para transformar la realidad. El silencio en las urnas no construye un futuro mejor.

La disidencia con la reforma judicial no se limita a la abstención. Acudir a las urnas y votar por los jueces en funciones es una forma activa y legítima de expresar desacuerdo, una estrategia que puede ser más efectiva que el abandono de la batalla democrática. Asimismo, quienes respaldan los cambios deben elegir con coherencia, considerando los perfiles de los candidatos y optando por aquellos que inspiren mayor confianza.

En definitiva, el voto judicial coherente, informado y responsable se convierte en una herramienta ciudadana fundamental para manifestar nuestra postura frente a la reforma judicial, consolidando nuestra participación en la construcción de un sistema judicial más justo y eficiente. El futuro de la justicia está en nuestras manos. El 1 de junio, hagamos que nuestro voto cuente.