El debate sobre la imposición de un impuesto a las remesas enviadas desde Estados Unidos a México ha vuelto a encender las alarmas. Más allá de la retórica política, es crucial analizar con detenimiento el impacto real que una medida de este tipo tendría en ambos lados de la frontera. En un contexto donde las remesas superan los ingresos por turismo e inversión extranjera directa, representando un pilar fundamental para la economía mexicana, un impuesto del 5% no solo sería injusto, sino también contraproducente.

Imaginemos a María, una trabajadora migrante en California. Cada semana, después de largas jornadas en el campo, envía una parte de su sueldo a su familia en Oaxaca. Con ese dinero, su madre puede comprar medicinas, sus hermanos pueden ir a la escuela y su padre puede invertir en herramientas para su pequeño taller. Ese dinero, ganado con esfuerzo y sacrificio, ya ha sido gravado con impuestos en Estados Unidos. Imponer un nuevo impuesto sobre estas remesas significaría un doble castigo para María y millones de migrantes como ella. Estarían pagando dos veces por el mismo dinero, un dinero que, en muchos casos, representa la diferencia entre la subsistencia y la precariedad para sus familias en México.

Este impuesto, lejos de desincentivar la migración, podría paradójicamente aumentarla. Si las familias mexicanas reciben menos dinero, la presión económica para que más miembros emigren en busca de mejores oportunidades se intensificará. Se crearía un círculo vicioso que alimentaría aún más la migración, en lugar de contenerla. Además, esta medida podría empujar a los migrantes a utilizar canales informales para enviar dinero, lo que dificultaría el control financiero y podría favorecer actividades ilícitas.

El impacto no se limitaría a México. En muchas comunidades estadounidenses, el consumo local depende en gran medida del dinamismo económico de los migrantes. Si estos trabajadores ven reducidos sus ingresos disponibles debido al impuesto a las remesas, disminuirá su capacidad de consumo, afectando directamente a pequeños negocios y comercios locales. Restaurantes, tiendas de abarrotes, talleres mecánicos, todos sentirían el impacto de una menor circulación de dinero en la economía local.

En el panorama actual, donde las tecnologías financieras están en constante evolución, la imposición de un impuesto a las remesas podría acelerar la adopción de plataformas digitales alternativas. Empresas como Wise, Bitso o Remitly, que ofrecen transferencias rápidas, seguras y a bajo costo, podrían ganar terreno frente a los canales tradicionales. Esto generaría un nuevo ecosistema financiero, más ágil y eficiente, pero también más difícil de regular y controlar.

Ante este escenario, México debe actuar con firmeza y estrategia. Es necesario impulsar una diplomacia activa, no solo a nivel federal, sino también involucrando a los gobiernos estatales y locales en Estados Unidos, para sensibilizar sobre la importancia de las remesas para la economía de ambos países. Se deben fortalecer las alianzas con empresas de tecnología financiera para facilitar el envío de remesas por vías seguras y eficientes, y se debe aprender de las experiencias exitosas de otros países, como España, que han logrado gestionar el flujo de remesas de manera responsable y sin perjudicar a los migrantes.

Gravar las remesas no es la solución. Es una medida cortoplacista que tendría consecuencias negativas a largo plazo. Es fundamental apostar por el diálogo, la cooperación y la construcción de soluciones conjuntas que beneficien a ambos países y reconozcan la invaluable aportación de los migrantes a la economía global. El futuro de las comunidades a ambos lados de la frontera depende de ello.