La aparente contradicción entre los artículos 94 y 97 de la Constitución, referente a la elección y duración del mandato de la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), ha desatado un intenso debate en la Cámara de Diputados. La Comisión de Puntos Constitucionales ha aprobado un dictamen que busca derogar el párrafo sexto del artículo 97, el cual establece la imposibilidad de reelección inmediata para el presidente de la SCJN. Este punto choca con la reforma judicial aprobada previamente, que instaura una presidencia rotatoria cada dos años, basada en la votación obtenida por cada candidatura.

La controversia radica en la interpretación de esta discrepancia. Mientras que algunos legisladores, como los representantes de Morena, argumentan que se trata de un simple error técnico que debe ser corregido para evitar incertidumbre jurídica y fortalecer la legitimidad del Poder Judicial, otros, como la diputada Claudia Ruiz Massieu del PRI, ven en esta contradicción la evidencia de un atropello al proceso legislativo y una muestra de la imposición de la mayoría oficialista. Señalan que la llamada “Reforma Judicial” fue aprobada de manera apresurada y sin la debida deliberación, dejando como consecuencia esta antinomia que ahora se pretende subsanar.

La derogación del párrafo sexto del artículo 97, según la perspectiva de Morena y sus aliados, permitiría armonizar la Constitución con el espíritu de la reforma judicial, la cual busca una mayor participación ciudadana y un sistema de elección más democrático para la presidencia de la SCJN. Argumentan que la rotación bianual fortalece la independencia del Poder Judicial y evita la concentración del poder en una sola persona. Además, insisten en que esta corrección es necesaria para cumplir con el mandato popular expresado en las urnas.

Sin embargo, las voces críticas advierten sobre el riesgo de normalizar las prácticas legislativas que, en su opinión, atentan contra el Estado de Derecho y la separación de poderes. Consideran que la derogación no es una simple corrección técnica, sino una maniobra para consolidar un modelo de justicia impuesto por el oficialismo, que podría debilitar la autonomía de la SCJN. El debate se centra en la legitimidad del proceso y en las posibles consecuencias de esta modificación para el equilibrio de poderes en el país. La discusión continúa, y se espera que la votación en el pleno de la Cámara de Diputados sea un reflejo de la polarización que este tema ha generado.

Más allá de las posturas encontradas, la controversia pone de manifiesto la importancia de un proceso legislativo riguroso y transparente. La necesidad de corregir una aparente contradicción en la Constitución, abre la puerta a una reflexión profunda sobre la manera en que se elaboran y aprueban las leyes en México. ¿Se prioriza la velocidad por encima de la precisión? ¿Se escuchan todas las voces en el debate legislativo? ¿Se garantiza la independencia de los poderes del Estado? Estas son algunas de las preguntas que surgen a raíz de este caso y que exigen una respuesta por parte de la sociedad y de sus representantes.

Finalmente, el minuto de silencio en memoria de Ximena Guzmán y José Muñoz, funcionarios del Gobierno de la Ciudad de México, asesinados recientemente, añade un componente de tristeza y consternación a la sesión. Este hecho lamentable recuerda la violencia que aqueja al país y la importancia de fortalecer las instituciones para garantizar la seguridad y la justicia para todos los ciudadanos. La coincidencia de este homenaje con el debate sobre la reforma judicial, subraya la necesidad de un sistema judicial eficaz y transparente, capaz de responder a los desafíos que enfrenta México en materia de seguridad y justicia.