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21 de mayo de 2025 a las 10:20

Pemex da marcha atrás

La reciente designación de Ángel Cid Munguía al frente de Pemex Exploración y Producción (PEP) supone un giro estratégico crucial para la petrolera mexicana. Ante la acuciante necesidad de resultados, la reactivación de más de 4,400 pozos inactivos se convierte en la prioridad. El nuevo plan, orquestado por Víctor Rodríguez, apuesta por la colaboración con empresas privadas, un esquema en el que estas asumirán el riesgo operativo a cambio de una retribución basada en la producción efectiva de barriles. Este modelo, conocido como contrato mixto, representa un cambio significativo en la estrategia de Pemex, que tradicionalmente ha centralizado la operación.

La urgencia de esta medida se justifica por la preocupante caída en la producción. El primer trimestre del año registró la perforación de tan solo 17 pozos, una cifra alarmantemente baja que no se veía desde 1995. La primera fase del plan, prevista para iniciar entre octubre y diciembre de este año, se centrará en la intervención de 400 pozos, con una inversión de 1,500 millones de pesos. Se espera que esta inversión inicial genere un incremento de hasta 13,000 barriles diarios, provenientes de campos maduros ubicados en Veracruz y Tabasco.

Aunque este volumen representa una pequeña fracción de la producción nacional, constituye un primer paso fundamental para evaluar la eficacia de los contratos mixtos y, sobre todo, para romper con la inercia que caracterizó la gestión de Néstor Martínez, el anterior director de PEP. Se le atribuye a Martínez haber dedicado más tiempo a auditar la labor de su predecesor, Cid Munguía, que a desarrollar estrategias para impulsar la producción.

Bajo este nuevo esquema, Pemex se reserva el rol de operador de las asignaciones, manteniéndose como responsable del pago de las actividades realizadas por las empresas privadas. La remuneración a estas últimas se basará exclusivamente en los barriles producidos, incorporando además incentivos para acelerar la producción. Esta estrategia ha captado la atención de importantes empresas nacionales, como Diavaz, de Luis Vázquez Sentíes; Opex, de Alfredo Miguel Bejos; GSM Bronco, de Carlos Slim; Marinsa, de José Luis Zavala; Cotemar, dirigida por Alejandro Villarreal; La Latina, de Adolfo del Valle; Grupo Iusa, de Carlos Peralta, e ICA de David Martínez. El interés también se extiende a gigantes transnacionales del sector petrolero, como SLB, presidida por Olivier Le Peuch; Halliburton, liderada por Jeff Miller, y Baker Hughes, bajo el mando de Lorenzo Simonelli.

Además de la colaboración con empresas privadas, Pemex integrará nuevas tecnologías desarrolladas por el Instituto Mexicano de Petróleo, que prometen reducir los costos de estimulación de pozos hasta en un 90% en comparación con los métodos convencionales. Cid Munguía, discípulo de Miguel Ángel Lozada, ex director de PEP durante la gestión de Octavio Romero, ha argumentado ante la secretaria de Energía, Luz Elena González, que la caída en la producción de los últimos seis meses se debe a factores administrativos, no geológicos. Señala que Pemex perdió ritmo, dejó de renovar contratos y acumuló deudas con sus proveedores. A pesar de que la presidenta Claudia Sheinbaum afirma que se ha liquidado el 60% de la deuda, las empresas proveedoras ofrecen una versión diferente de la situación.

La situación en Valle de Bravo es preocupante. Al menosprecio por el Estado de Derecho, como se evidencia en el caso de El Santuario, donde el desarrollador original, Michel Domit, enfrenta demandas de varios residentes que exigen su salida de la administración. Se suma a esto la intervención de Germán Larrea, cuyas obras, incluyendo la construcción de cuerpos de agua artificiales, han generado la devastación de caminos rurales y una suspensión de actividades por parte de la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente, dirigida por Mariana Boy. La crisis se agrava con la creciente infiltración del crimen organizado desde la llegada de Morena al gobierno, con la extorsión y el cobro de derecho de piso convirtiéndose en prácticas comunes que afectan a todos los sectores, desde los pequeños comerciantes hasta las grandes constructoras. Este clima de inseguridad y corrupción contrasta con la imagen idílica que se proyecta del municipio gobernado por Michelle Núñez.

A pocos días de las elecciones para la designación de jueces, magistrados y ministros, comienzan a surgir indicios desde Palacio Nacional sobre las preferencias del gobierno en relación con los 16 puestos clave en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Tribunal de Disciplina Judicial y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Aunque las encuestas posicionan a Yasmín Esquivel y Lenia Batres como favoritas, la opción que parece cobrar fuerza en el entorno presidencial es la de Sara Irene Herrerías, actual Fiscal Especializada en Materia de Derechos Humanos, para sustituir a Norma Piña en la Corte.

La Secretaría de la Defensa, tras asumir el control del Aeropuerto del Norte, ha comenzado a cobrar la Tarifa de Uso de Aeropuertos (TUA) a los pasajeros ejecutivos, una medida que genera controversia entre los empresarios de Monterrey. Siguiendo esta línea, la Secretaría de la Marina, bajo el mando del almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, busca ahora tomar el control de la sección privada del aeropuerto de Toluca, actualmente administrada por Servicios Aeroportuarios Estrella. Este movimiento estratégico se suma a la adquisición del 25% de las acciones de Aeropuertos y Servicios Auxiliares en dicha terminal, realizada el año pasado por instrucciones de Andrés Manuel López Obrador.

La Auditoría Superior de la Federación se ha convertido en un foco de interés para diversos grupos políticos dentro de la 4T. Ricardo Monreal busca consolidar su influencia promoviendo a José Manuel del Río Virgen o a Nélida Chavero, figuras cercanas al político zacatecano. Sin embargo, desde Palacio Nacional, Raquel Buenrostro, secretaria de Anticorrupción y Buen Gobierno, impulsa la candidatura de Natalia Téllez, magistrada del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, para suceder a David Colmenares. La estrecha relación entre Téllez y Buenrostro podría ser un factor determinante en esta contienda.

Fuente: El Heraldo de México