La normalización de la violencia ejercida por el crimen organizado en México es una herida profunda en el tejido social. Ya no se trata de un problema de seguridad pública aislado, sino de una metástasis que corroe los cimientos mismos del Estado de Derecho. En regiones como Jalisco, Guerrero, Michoacán, o Tamaulipas, la ausencia del Estado ha permitido que grupos criminales impongan su propia ley, un reino de terror donde el miedo es la moneda de cambio y la vida humana se deprecia a cada instante.

Es escalofriante presenciar cómo estos grupos se erigen como jueces y verdugos, decidiendo quién vive y quién muere, qué se permite y qué se castiga. Sus "juicios" son parodias grotescas de la justicia, carentes de cualquier garantía procesal, donde la sentencia se dicta con la brutalidad de un arma y se difunde como trofeo en redes sociales. Lo más alarmante, sin embargo, es la resignación que se percibe en algunos sectores de la sociedad. Ese "al menos ellos hacen algo" o "con ellos hay orden" refleja una profunda desesperanza, la claudicación ante un sistema que ha fallado en su promesa de proteger y servir. Es la aceptación tácita de un orden impuesto por la fuerza, donde la ley del más fuerte reemplaza la ley de todos.

Desde mi experiencia de tres décadas en el ámbito penal, puedo afirmar que esta resignación es el caldo de cultivo perfecto para la expansión del crimen. El vacío de poder siempre se llena, y si el Estado abandona su rol, otros actores, sin escrúpulos ni límites, tomarán su lugar. El crimen organizado no solo trafica con drogas o armas, sino que comercia con la impunidad, la desesperanza y la necesidad de la gente. Se presenta como una solución perversa en lugares donde el gobierno es una sombra ausente, y construye su poder sobre la base del miedo y la conveniencia.

El problema radica en la profunda debilidad del sistema de justicia mexicano. Lento, burocrático, plagado de corrupción e ineficacia, ha perdido la confianza de la ciudadanía. Las víctimas, cansadas de la impunidad, buscan soluciones desesperadas, incluso en los brazos de quienes representan la antítesis de la justicia. No podemos permitir que la desesperación nos conduzca a este callejón sin salida. No podemos normalizar la barbarie.

La reconstrucción del tejido social exige una estrategia integral que ataque el problema desde la raíz. Necesitamos un sistema de justicia eficaz, transparente y accesible, que investigue con rigor, castigue con prontitud y proteja a las víctimas. Un sistema que inspire confianza y que devuelva la esperanza a quienes la han perdido. Necesitamos una política criminal seria, profesional, que entienda la complejidad del territorio y recupere el control de las calles. Y, sobre todo, necesitamos una sociedad activa, que exija sus derechos y que se niegue a normalizar la violencia, que comprenda que la verdadera paz no se construye sobre el miedo, sino sobre la justicia.

La alternativa no es pactar con el crimen, sino enfrentarlo con la fuerza de la ley y la unidad de una sociedad que se niega a claudicar ante la barbarie. El futuro de México depende de nuestra capacidad para reconstruir la confianza en las instituciones y reafirmar que la ley, y solo la ley, es el camino hacia un país justo y en paz. La justicia no puede ser un privilegio, sino un derecho para todos. La justicia no puede depender del silencio impuesto por el miedo, sino de la voz firme de una sociedad que exige un futuro digno. Este es el desafío que tenemos por delante. ¿Qué opinas tú?