La tragedia que enluta a la Ciudad de México nos ha recordado la fragilidad de la vida y la persistencia de la violencia en nuestra sociedad. El cobarde asesinato de Ximena Guzmán y José Muñoz, dos servidores públicos comprometidos con la transformación de nuestra capital, ha conmocionado a la nación y exige una respuesta contundente por parte de las autoridades.

No podemos permitir que la sombra de la impunidad se cierna sobre este crimen. Es imperativo que se realice una investigación exhaustiva y transparente, que llegue hasta las últimas consecuencias y que los responsables, tanto materiales como intelectuales, sean llevados ante la justicia. La exigencia de justicia no es solo un clamor popular, es una obligación moral y una responsabilidad ineludible del Estado.

Ximena, con sus 42 años, era una pieza clave en el equipo de la Jefa de Gobierno, Clara Brugada. Su dedicación y compromiso la habían convertido en una figura indispensable en la administración capitalina. José, a sus 40 años, aportaba su experiencia y conocimiento como coordinador de asesores, contribuyendo con su labor a la construcción de una ciudad más justa e igualitaria. Ambos, entregados a su vocación de servicio público, dejaron una huella imborrable en quienes tuvieron la fortuna de conocerlos y trabajar a su lado.

El homenaje rendido por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión es un reconocimiento a su trayectoria y un acto de solidaridad con sus familias y seres queridos. El minuto de silencio y el minuto de aplausos resonaron en el recinto legislativo como un símbolo de la unidad y la indignación que este doble homicidio ha generado en todo el país.

Más allá del dolor y la consternación, este trágico suceso debe servir como un llamado a la reflexión. Debemos redoblar esfuerzos en la construcción de una sociedad pacífica, donde la vida sea respetada y valorada por encima de cualquier diferencia. La lucha contra la violencia no es una tarea exclusiva del gobierno, es una responsabilidad compartida que exige la participación activa de todos los sectores de la sociedad.

Es fundamental fortalecer las instituciones encargadas de procurar justicia, dotarlas de los recursos necesarios para que puedan cumplir con su función de manera eficaz y garantizar que ningún crimen quede impune. Asimismo, debemos impulsar políticas públicas que aborden las causas estructurales de la violencia, como la desigualdad social, la falta de oportunidades y la corrupción.

El legado de Ximena y José debe inspirarnos a continuar trabajando por un México mejor, un país donde la justicia y la paz sean una realidad para todos. Su memoria nos llama a no claudicar en la lucha por un futuro más justo y esperanzador para las futuras generaciones. La indignación que hoy sentimos debe transformarse en acción, en un compromiso colectivo para erradicar la violencia y construir una sociedad donde la vida sea el valor supremo. No podemos permitir que su sacrificio sea en vano.