La reciente propuesta del alcalde Pablo Lemus para invertir en la seguridad de la Universidad de Guadalajara (UdeG) ha generado un debate en torno a la autonomía universitaria y la corresponsabilidad en materia de seguridad. Lemus, tras una reunión con colectivos de familiares de desaparecidos, propuso destinar 200 millones de pesos a mejoras en la infraestructura de seguridad de los planteles universitarios, como la iluminación y otras medidas para prevenir desapariciones. Esta iniciativa, según el alcalde, surge de la preocupación de las familias y busca atender la vulnerabilidad de los estudiantes en las inmediaciones de los centros educativos.

La reacción de la rectora general, Karla Planter, a través de un comunicado, fue de rechazo, argumentando que la propuesta vulnera la autonomía universitaria, ya que es el Consejo General Universitario (CGU) el único órgano con la facultad de decidir el destino del presupuesto. La rectora enfatizó que el presupuesto de la UdeG se rige por normas internas y que cualquier inversión debe ser canalizada y aprobada por las instancias correspondientes.

Ante la respuesta de la rectora, Lemus ha insistido en la importancia del diálogo y la colaboración entre las instituciones. Explicó que su propuesta no busca interferir en la gestión interna de la universidad, sino sumar esfuerzos para garantizar la seguridad de la comunidad estudiantil. Además, aclaró que los recursos provendrían de la partida destinada a infraestructura, específicamente del 0.3 por ciento, que asciende a 523 millones de pesos, y no del presupuesto operativo de la universidad, el cual, recalcó, está protegido constitucionalmente.

El alcalde manifestó su sorpresa por la reacción de la rectora, especialmente considerando el apoyo inicial de la presidenta de la Federación de Estudiantes Universitarios (FEU), Zoé García, quien celebró la iniciativa en redes sociales. A pesar de la discrepancia, Lemus reiteró su disposición al diálogo y la colaboración, instando a la rectora a participar en las mesas de trabajo con los colectivos de desaparecidos para abordar la problemática de manera conjunta.

La situación pone de manifiesto la complejidad de la seguridad en el entorno universitario. Por un lado, la autonomía universitaria debe ser respetada como un principio fundamental para la gestión y el desarrollo de las instituciones educativas. Por otro lado, la seguridad de los estudiantes es una prioridad ineludible que exige la colaboración de todas las instancias, incluyendo los gobiernos estatal y municipal. La búsqueda de un equilibrio entre ambos aspectos es crucial para encontrar soluciones efectivas y proteger a la comunidad universitaria.

El llamado de Lemus a la corresponsabilidad en materia de seguridad subraya la necesidad de un trabajo conjunto entre las autoridades y la universidad. La participación de la UdeG en las mesas de trabajo con los colectivos de desaparecidos podría ser un primer paso para construir un diálogo constructivo y encontrar mecanismos que garanticen la seguridad de los estudiantes sin comprometer la autonomía universitaria. La escucha atenta a las preocupaciones de las familias y la búsqueda de soluciones conjuntas son fundamentales para abordar este desafío. La seguridad, como bien concluye Lemus, es responsabilidad de todos.