La imagen del ciudadano de a pie, obligado a humillarse públicamente ante un funcionario del partido gobernante, es una estampa escalofriante, un presagio de tiempos oscuros para cualquier nación. El caso del señor Carlos Velázquez de León, obligado a retractarse en el Senado, presidido por Gerardo Fernández Noroña, tras un altercado en un aeropuerto, ilustra a la perfección esta preocupante tendencia. La puesta en escena, con Noroña flanqueado por representantes de la Fiscalía, transmite un mensaje inequívoco: el poder se ejerce con mano de hierro y la disidencia se castiga con la humillación pública. La alternativa a la retractación, según palabras del propio Noroña, era la cárcel. Un escenario digno de una distopía orwelliana.

La versión oficial habla de un ataque físico, de un teléfono arrebatado y empujones. Aun dando por cierta esta versión, ¿justifica acaso una humillación pública de tal magnitud? ¿Es proporcional la respuesta a la supuesta ofensa? La desproporción del castigo, la teatralidad del acto, todo apunta a una demostración de fuerza, un mensaje intimidatorio dirigido a cualquier voz que ose alzarse contra el poder establecido.

Casi simultáneamente, otro episodio viene a confirmar esta deriva autoritaria. Luisa María Alcalde, líder del partido gobernante, se mofa con sarcasmo de los ciudadanos que protestaron contra la gobernadora de Baja California con una pacífica carne asada. No se trata de una crítica política, legítima en democracia, sino de un desprecio abierto hacia la ciudadanía que ejerce su derecho a la protesta. Un desprecio que se suma al intento de censura contra el columnista Héctor de Mauleón en Tamaulipas, orquestado desde las altas esferas del poder.

Ante este panorama, el desaliento acecha. El espectáculo en el Senado, la prepotencia del partido gobernante, la censura a la prensa, la burla a la protesta ciudadana… Todo apunta a un intento sistemático de silenciar cualquier voz disidente. El partido en el poder, que ya controla la Presidencia, el Senado, la Cámara de Diputados, la mayoría de las gobernaturas y, tras el cuestionado episodio del 1 de junio, el Poder Judicial, parece decidido a aplastar cualquier forma de oposición. Desde la libertad de expresión hasta el derecho a la reunión, pasando por el simple acto de expresar el repudio social, todo parece estar en la mira.

Recordemos que el propio licenciado López, en sus tiempos de opositor, recomendaba el repudio social como herramienta de lucha contra el poder. Hoy, ese mismo repudio social, ejercido de forma pacífica y creativa por los ciudadanos de Baja California, es objeto de burla por parte de los dirigentes de su partido. La ironía es amarga, la realidad preocupante. El autoritarismo avanza a pasos agigantados, cercenando libertades y silenciando voces. ¿Será posible detener esta deriva? El futuro, por desgracia, se presenta incierto.

Es importante recordar ejemplos históricos de cómo este tipo de acciones han minado las democracias en el pasado. Desde el control de los medios de comunicación hasta la persecución de opositores, la historia nos ofrece un amplio catálogo de las estrategias utilizadas por regímenes autoritarios para consolidar su poder. La vigilancia constante, la denuncia ciudadana y la defensa férrea de las libertades fundamentales son las únicas armas que tenemos para evitar caer en la misma trampa.

La situación actual exige una reflexión profunda. ¿Qué tipo de sociedad queremos construir? ¿Una sociedad donde el poder se ejerce con prepotencia y la disidencia se castiga con la humillación pública? ¿O una sociedad donde la libertad de expresión, el derecho a la protesta y el respeto a la ciudadanía sean los pilares fundamentales? La respuesta, aunque compleja, es crucial para el futuro de nuestra nación.