La reciente conmemoración del Día de la Maestra y el Maestro trajo consigo, una vez más, la reflexión sobre las condiciones laborales de los docentes en México. Si bien celebramos su invaluable labor en la formación de las nuevas generaciones, es innegable que persisten desafíos importantes en cuanto a salarios, desarrollo profesional y reconocimiento social. La semana pasada, en este mismo espacio, instamos a las autoridades a implementar medidas que garanticen la justicia y la dignidad que merecen quienes se dedican a la noble tarea de educar.

Uno de los puntos críticos que señalamos fue, precisamente, el tema salarial. La Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del INEGI, nos muestra un panorama preocupante: un salario promedio de 8 mil pesos mensuales por una jornada laboral de 21.6 horas semanales. Si bien este dato es un promedio y existen casos con remuneraciones más altas, la cifra general no resulta atractiva para los jóvenes talentosos que podrían considerar la docencia como una opción de carrera. Para atraer y retener a estos futuros educadores, es indispensable ofrecerles no solo un salario digno, sino también una carrera docente justa, con oportunidades de crecimiento y basada en la meritocracia.

El anuncio del Gobierno Federal sobre un aumento salarial del 9% retroactivo a enero, más un 1% adicional a partir de septiembre, representa un paso en la dirección correcta. La inversión de 36 mil millones de pesos anuales que esto implica, demuestra un reconocimiento a la importancia de la labor docente. En Mexicanos Primero coincidimos en que estos aumentos son necesarios y justos, ya que contribuyen a dignificar las condiciones laborales de los maestros y maestras en todo el país.

Sin embargo, surgen interrogantes importantes sobre el momento en que se anuncian estos incrementos y su impacto en el Presupuesto de Egresos de la Federación. ¿Por qué no se contemplan estos aumentos desde la elaboración del presupuesto, en lugar de anunciarlos como un "regalo" cada 15 de mayo? Esta práctica recurrente de anunciar incrementos salariales y mejoras en las prestaciones, sin una clara explicación de su financiamiento, genera incertidumbre y pone en entredicho la planificación presupuestaria.

Es fundamental comprender de dónde provendrán los recursos para cubrir estos 36 mil millones de pesos adicionales. Las opciones son limitadas: aumento de ingresos, reducción de otros gastos, incremento de la deuda, o una combinación de estas. La transparencia exige que el gobierno explique cuál será la estrategia para financiar estos compromisos.

La pregunta que debemos plantearnos es si estamos destinando estos recursos de la manera más eficiente. Con 36 mil millones de pesos, se podrían abordar otras carencias críticas del sistema educativo. Por ejemplo, se podrían construir y equipar sanitarios dignos en todas las escuelas que carecen de ellos, o llevar servicios básicos como electricidad, agua potable y saneamiento a las escuelas primarias que aún no los tienen.

Si bien el aumento salarial docente es una medida justa y necesaria, es crucial considerar el contexto general del sistema educativo y las múltiples necesidades que aún requieren atención. Es imperativo que la inversión en educación se realice de manera estratégica, priorizando las acciones que tengan el mayor impacto en la calidad educativa y el bienestar de las comunidades escolares.