La sombra de la sospecha se cierne sobre Baja California y, por extensión, sobre todo México. La revocación de la visa a la gobernadora del estado fronterizo y las filtraciones sobre posibles investigaciones criminales a funcionarios morenistas no son meras anécdotas, sino síntomas de un malestar profundo que corroe la confianza en nuestras instituciones. No podemos, ni debemos, fingir que nada ocurre. Este hecho, sin precedentes en la historia reciente, exige una respuesta contundente, no el silencio cómplice o la evasiva minimización que hemos presenciado hasta ahora.

La importancia estratégica de Baja California, cruce vital de personas, mercancías y proyectos binacionales, magnifica la gravedad de la situación. Que su máxima representante se vea impedida de cruzar la frontera norte, no por un mero trámite administrativo, sino por la sombra de investigaciones criminales, es una alerta que debe resonar en todos los ámbitos de la sociedad, sin importar colores partidistas.

Las explicaciones oficiales, vacías y evasivas, contrastan con las informaciones que trascienden desde el otro lado de la frontera. No hablamos de un simple malentendido migratorio, sino de posibles vínculos con delitos graves, como lavado de dinero y obstrucción de la justicia en investigaciones sobre fosas clandestinas. Un escenario preocupante, agravado por las denuncias previas que ya pesaban sobre la gobernadora, incluso desde las filas de su propio partido.

Ante este panorama, el silencio del gobierno federal resulta incomprensible e inaceptable. La Cancillería, en un silencio que aturde, no ha emitido una sola palabra clara sobre la existencia o no de investigaciones en curso. Esta opacidad alimenta la desconfianza ciudadana, erosionando aún más la credibilidad de las instituciones.

No buscamos politizar este delicado asunto. Nuestro objetivo, como oposición responsable, es exigir la transparencia y la rendición de cuentas que merecen los ciudadanos. Por ello, presentamos una carta al Canciller exigiendo claridad sobre las investigaciones y los posibles vínculos con actividades ilícitas. El pueblo de Baja California, y de todo México, tiene derecho a saber la verdad.

Este episodio confirma, lamentablemente, la peligrosa normalización de la complicidad entre el poder político y el crimen organizado, una tendencia que hemos denunciado reiteradamente. Las consecuencias de esta connivencia son devastadoras: regiones enteras bajo el control del narcotráfico, campañas electorales financiadas con fondos sospechosos, y ahora, gobernadores y funcionarios imposibilitados de cruzar la frontera por las dudas que despiertan en gobiernos extranjeros.

México necesita recuperar la confianza en sus instituciones. Necesita funcionarios que respondan con transparencia, no que se escondan tras comunicados ambiguos. Necesita gobernantes que representen con dignidad a la ciudadanía, no que comprometan la seguridad y el prestigio del país.

La gobernadora de Baja California, y todos los funcionarios implicados, tienen la obligación de dar la cara y responder con hechos, no con evasivas. El cargo público no es un escudo protector, sino una responsabilidad que exige transparencia y rendición de cuentas.

Desde la oposición, seguiremos exigiendo justicia, transparencia y un compromiso real con el Estado de derecho. No nos callaremos ante la opacidad y la impunidad. México merece respuestas, y seguiremos luchando para que las obtenga. El futuro del país está en juego. No podemos permitir que la sombra de la corrupción oscurezca el horizonte de nuestra nación.