La sombra de la violencia se extiende sobre la política mexicana, dejando una estela de incertidumbre y consternación. El reciente asesinato de dos funcionarios cercanos a la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, ha sacudido los cimientos del poder y ha generado una ola de condenas en todo el país, incluyendo un clamor unánime desde San Luis Potosí. La clase política potosina, en un gesto inusual de unidad, ha alzado su voz para exigir justicia y resultados inmediatos en la investigación. Este acto cobarde, más allá de un ataque a individuos, representa una afrenta directa al Estado de Derecho y a la estabilidad democrática.

La preocupación se palpa en el aire. No se trata simplemente de un hecho aislado, sino de un síntoma alarmante de la creciente inseguridad que aqueja al país. Las palabras de Sara Rocha, presidenta del PRI en San Luis Potosí, resuenan con fuerza al señalar la fallida estrategia de seguridad pública y la falta de coordinación entre los diferentes niveles de gobierno. Su llamado a una intervención más contundente del gobierno federal, incluso solicitando apoyo internacional, refleja la desesperación ante la incapacidad para contener la violencia.

Movimiento Ciudadano, a través de Marco Antonio Gama, no duda en calificar el doble homicidio como un mensaje directo al gobierno de la Ciudad de México y a Morena. La exigencia de transparencia en las investigaciones cobra especial relevancia ante el temor de que se intente minimizar el caso o presentarlo como un hecho aislado. La sombra de la impunidad es larga y amenaza con perpetuar el ciclo de violencia.

Héctor Serrano, del PVEM, va más allá y considera el atentado como un ataque contra el Estado Mexicano en su conjunto. Su llamado a la unidad nacional es un eco del sentimiento generalizado de vulnerabilidad. La seguridad, un derecho fundamental de todos los mexicanos, se ve amenazada por la creciente ola de criminalidad.

Desde Morena, Cuauhtli Badillo expresa la consternación y preocupación ante la posibilidad de que este tipo de actos se repitan en cualquier parte del país. La vulnerabilidad del Estado de Derecho es una realidad palpable que exige una respuesta contundente.

Finalmente, Rubén Guajardo, del PAN, aunque reconoce la gravedad del atentado, hace un llamado a la unidad nacional y a fortalecer las estrategias de seguridad pública. Su petición de una pronta resolución del caso por parte de la Fiscalía de la Ciudad de México es crucial para evitar la impunidad y enviar un mensaje claro de que la justicia prevalecerá.

La situación actual exige una profunda reflexión sobre el rumbo que está tomando el país en materia de seguridad. La unidad de las fuerzas políticas, aunque alentadora, no es suficiente. Se necesita una estrategia integral que involucre a todos los sectores de la sociedad y que se enfoque en la prevención, la inteligencia y la aplicación efectiva de la ley. El futuro de México depende de la capacidad para construir un país donde la paz y la justicia sean la norma, no la excepción. El tiempo de la retórica ha terminado; es hora de actuar con decisión y firmeza. La memoria de las víctimas exige justicia, y la sociedad mexicana demanda seguridad.