La escasez de agua en el Estado de México se ha convertido en una sombra ominosa que amenaza con extenderse y agravarse. Mientras las presas se vacían y los pozos se secan, una práctica ilícita se propaga como una plaga silenciosa: el huachicoleo de agua. Miles de litros, vitales para la supervivencia de comunidades enteras, son desviados ilegalmente, agravando una crisis que exige soluciones urgentes. En este contexto de creciente preocupación, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) ha alzado la voz, presentando una iniciativa que busca frenar este delito y proteger el acceso al agua, un derecho fundamental de todos los mexiquenses.

José “Pepe” Couttolenc, dirigente estatal del PVEM y coordinador de su bancada legislativa, ha denunciado con vehemencia la gravedad de esta situación. "Quien lucra de manera ilegal con el agua vulnera un derecho fundamental", ha declarado, subrayando la necesidad de actuar con firmeza ante la negligencia institucional que permite que estas prácticas continúen impunes. Las cifras oficiales, frías y contundentes, pintan un panorama desolador: 14,836 tomas clandestinas detectadas entre 2019 y 2022, un número que coloca al Estado de México en el segundo lugar a nivel nacional en este tipo de delito, solo superado por Aguascalientes. Imaginemos la magnitud del problema: 4,000 litros de agua robados cada segundo en todo el país, una hemorragia constante que drena la vida de nuestras fuentes hídricas.

La iniciativa presentada por el PVEM propone un cambio radical en el tratamiento legal del robo de agua, tipificándolo como delito grave y persiguiéndolo de oficio. Esto significa que las autoridades estarán obligadas a investigar y sancionar estos actos, sin necesidad de una denuncia previa. Las penas propuestas son contundentes: de dos a seis años de prisión y multas de 200 a 1,000 Unidades de Medida y Actualización (UMAs) para quienes alteren o desvíen el suministro de agua sin autorización. Para aquellos que extraigan agua de fuentes no autorizadas, las penas serán de uno a tres años de prisión y multas de 100 a 500 UMAs. Y para quienes distribuyan ilegalmente el agua proveniente de fuentes no oficiales, las sanciones serán de dos a seis años de cárcel y multas de 500 a 1,000 UMAs.

Más allá de las cifras y las sanciones, esta iniciativa representa un compromiso con la justicia social y la sostenibilidad ambiental. El acceso al agua potable no es un privilegio, es un derecho humano fundamental, y su protección es crucial para garantizar la salud, el bienestar y el desarrollo de las comunidades. El PVEM, con esta propuesta, reafirma su compromiso con la defensa del medio ambiente y la protección de los derechos de los mexiquenses, buscando asegurar un futuro donde el agua sea un recurso accesible para todos, no una mercancía en manos de unos pocos. La lucha contra el huachicoleo de agua es una batalla por la vida, una batalla que debemos librar juntos, con determinación y con la esperanza de construir un futuro más justo y sostenible. La pregunta que queda en el aire es: ¿estaremos a la altura del desafío? El futuro del Estado de México, y del país entero, depende de la respuesta.