En un fallo que sienta precedente y abre la puerta a una mayor protección para las personas con discapacidad en México, un juez federal ha ordenado a la Secretaría del Bienestar reinterpretar las reglas de operación de la pensión para personas con discapacidad. Este caso, que involucra a un niño de ocho años con microcefalia, disgenesia cerebral y síndrome de West, pone de manifiesto la necesidad de una aplicación más flexible y humana de las normativas, priorizando el bienestar y el acceso a una vida digna.

La situación del menor, quien vive en condiciones de extrema vulnerabilidad y pobreza, impulsó a su madre a solicitar un aumento en la pensión por discapacidad en julio de 2023. La solicitud inicial fue denegada, argumentando que el monto actual se ajustaba a las reglas de operación. Sin embargo, la persistencia de la madre y la intervención legal han logrado un avance significativo.

El juez, en su sentencia, determina que si bien las reglas de operación en sí mismas no violan los derechos humanos, su aplicación literal y restrictiva por parte de la Secretaría del Bienestar sí lo hace. Este punto crucial marca un cambio de paradigma: la norma no puede ser un obstáculo para la protección integral de los beneficiarios, sino una herramienta para garantizarla.

La interpretación del juez establece que los montos estipulados en las Reglas de Operación deben considerarse como mínimos, no como límites máximos. Esta nueva perspectiva abre la posibilidad de ajustar las pensiones a las necesidades reales de cada individuo, reconociendo que la discapacidad implica gastos adicionales y requiere un apoyo económico acorde. No se trata simplemente de sobrevivir, sino de vivir con dignidad.

La sentencia ordena a la Secretaría del Bienestar emitir un nuevo oficio en el que se revise el caso del niño de ocho años, tomando en cuenta los principios constitucionales y los derechos internacionales en favor de las personas con discapacidad. Se exige una evaluación integral de sus necesidades, considerando no solo la discapacidad en sí misma, sino también el contexto de pobreza en el que vive.

Además, y como un acto de justicia, el juez instruye a la autoridad realizar el pago retroactivo desde julio de 2023, fecha en que se presentó la solicitud inicial. Esta medida busca compensar el tiempo transcurrido y reconocer el derecho del niño a recibir el apoyo económico que necesita desde el momento en que se solicitó.

Este fallo judicial representa un paso importante en la lucha por los derechos de las personas con discapacidad. No solo beneficia al niño y su madre en este caso particular, sino que sienta un precedente para futuras solicitudes y abre la posibilidad de una revisión más amplia de las políticas públicas en materia de discapacidad. Es una llamada de atención a las autoridades para que la aplicación de las normas se centre en la protección real de los más vulnerables, garantizando su acceso a una vida digna y plena. La justicia, en este caso, ha hablado con claridad: las reglas deben servir a las personas, no al revés. Este precedente nos invita a reflexionar sobre cómo, como sociedad, podemos construir un país más inclusivo y equitativo para todos.

La lucha de esta madre no solo es por su hijo, es por todos aquellos que enfrentan la invisibilidad y la discriminación por vivir con una discapacidad. Es un recordatorio de que la justicia social se construye con la perseverancia de quienes se atreven a alzar la voz y con la sensibilidad de quienes escuchan y actúan.