La situación en El Santuario, Valle de Bravo, se agrava cada día. Lo que comenzó como una disputa por el acceso al agua se ha convertido en un desafío directo al Estado de Derecho. Michel Domit, cuñado de Carlos Slim Helú, mantiene un férreo control sobre el suministro de agua en este exclusivo fraccionamiento, ignorando sistemáticamente las órdenes judiciales que le obligan a restablecer el servicio. Imaginen: un particular dictando las reglas del acceso a un recurso esencial, imponiendo cobros indebidos, cortes arbitrarios y restricciones ilegales al paso de pipas. Esto no es un simple conflicto vecinal, es un atropello a los derechos humanos, un acto de desobediencia civil que pone en evidencia la fragilidad de nuestras instituciones.

La gravedad del asunto se acentúa al considerar que entre los residentes de El Santuario se encuentran figuras políticas de alto nivel, como el expresidente Enrique Peña Nieto, el exgobernador Alfredo del Mazo y la senadora Olga Sánchez Cordero. Si la ley no se aplica ni siquiera a quienes han ostentado los más altos cargos públicos, ¿qué podemos esperar los ciudadanos comunes? La impunidad con la que opera Domit es un síntoma preocupante de la corrupción y la desigualdad que aquejan a nuestro país. No podemos permitir que un particular se coloque por encima de la ley, imponiendo su voluntad a costa del bienestar de la comunidad.

La inacción del gobierno municipal, encabezado por Michelle Núñez, es igualmente reprobable. Su omisión la convierte en cómplice de los abusos cometidos por Domit. Mientras el juez federal ordena la restitución de los servicios, la presidenta municipal se mantiene impasible, permitiendo que el desarrollador actúe como si estuviera por encima del Poder Judicial. Esta complicidad no solo es una traición a la confianza depositada en ella por los ciudadanos, sino también una muestra de la debilidad institucional que permite que este tipo de atropellos ocurran.

La respuesta de los vecinos ha sido ejemplar. Organizados y asesorados por un equipo de abogados, han promovido múltiples juicios de amparo y denuncias ante las autoridades competentes. Han logrado obtener diversas suspensiones a su favor, que ratifican la ilegalidad de los actos de Promotora Valle de Bravo. Su lucha es un ejemplo de la importancia de la organización ciudadana y la defensa de los derechos. En un contexto donde las instituciones parecen fallar, la unión y la perseverancia de los vecinos son la última línea de defensa contra la arbitrariedad y el abuso de poder.

Por otro lado, la incertidumbre generada por la inminente Reforma Judicial está provocando movimientos importantes en el sector energético. Grandes empresas internacionales como Sempra Energy, Acciona y Engie están considerando la venta de sus activos en México. Esta desconfianza en el marco legal mexicano es una señal de alarma que no podemos ignorar. Si las inversiones extranjeras se retiran, las consecuencias para nuestra economía podrían ser devastadoras. Es fundamental que el gobierno genere un clima de confianza y seguridad jurídica para atraer y retener las inversiones que necesitamos para nuestro desarrollo.

Finalmente, la situación en Monterrey también es preocupante. La Secretaría de la Defensa, tras haber tomado el control del Aeropuerto del Norte, ahora está cobrando la TUA directamente a los usuarios, reteniendo un impuesto que debería ser administrado por la Secretaría de Hacienda. Esta práctica no solo es irregular, sino que afecta directamente a los grandes corporativos regiomontanos, generando malestar e incertidumbre en el sector empresarial. Es imperativo que las autoridades aclaren esta situación y garanticen la transparencia en el manejo de los recursos públicos. La falta de claridad y la opacidad solo alimentan la desconfianza y la especulación, perjudicando el desarrollo económico del país. Urge una respuesta contundente que restablezca la confianza y garantice el respeto a la legalidad.