La vorágine del debate en torno a la Ley de Telecomunicaciones nos ha sumergido en un torbellino de tecnicismos, de discusiones sobre el espectro radioeléctrico, la infraestructura, la competencia y el monopolio. Nos hemos perdido en laberintos jurídicos y económicos, olvidando, en el camino, lo esencial: el contenido. ¿De qué nos sirve una cobertura impecable, un acceso universal a internet, si el uso que le damos, especialmente nuestros niños y adolescentes, se reduce al mero ocio? No podemos celebrar la conectividad si la puerta de entrada a este mundo digital no conduce al conocimiento, al desarrollo, a la construcción de un futuro mejor.

Las cifras son alarmantes: 90 millones de mexicanos, el 80% de la población mayor de seis años, navega por internet. Nuestros niños y adolescentes pasan entre seis y ocho horas diarias conectados, principalmente en actividades de ocio. Y este ocio, lamentablemente, no es inofensivo. Se esconde tras él la sombra de los riesgos digitales: el reclutamiento de grupos criminales a través de videojuegos y chats, el secuestro, la trata, la pornografía infantil. Delitos que se cometen en la penumbra de la red, donde la ley apenas alcanza a proyectar un tenue rayo de luz. ¿Cómo podemos, como sociedad, permitir que nuestros hijos e hijas estén expuestos a estos peligros? ¿Cómo podemos seguir discutiendo sobre fierros y negocios mientras la infancia se enfrenta a estas amenazas silenciosas?

No se trata de demonizar la tecnología, sino de utilizarla como una herramienta para el progreso, para la educación, para la construcción de una sociedad más justa y equitativa. Y para ello, necesitamos mirar hacia el pasado, recuperar las buenas prácticas, inspirarnos en los éxitos que hemos cosechado. Hace 40 años, México fue pionero en Latinoamérica con la Telesecundaria, un programa que llevó la educación a los rincones más apartados del país, rompiendo las barreras de la distancia y la dispersión poblacional. Millones de alumnos tuvieron acceso a contenidos educativos de calidad, que luego debatían y analizaban con sus maestros y compañeros. ¿Por qué no retomar este modelo, adaptándolo a las nuevas tecnologías, a las plataformas digitales, a las redes sociales?

Imaginemos un futuro donde nuestros niños y adolescentes tengan acceso a contenidos educativos, culturales y recreativos de calidad en internet. Un futuro donde las plataformas digitales se conviertan en aulas virtuales, donde las redes sociales sean espacios de aprendizaje colaborativo, donde la tecnología sea una aliada en la formación de ciudadanos críticos y responsables. Este futuro es posible, pero requiere de un compromiso conjunto, de la participación activa de la sociedad civil, de la inversión en la creación de contenidos relevantes y atractivos para las nuevas generaciones.

La alfabetización digital, tanto para niños como para adultos, es otra asignatura pendiente. No podemos pretender que la población navegue con seguridad en el océano digital sin las herramientas necesarias para discernir la información veraz de la falsa, para protegerse de los riesgos y para aprovechar al máximo las oportunidades que ofrece la tecnología.

En lugar de centrarnos en la vigilancia y el control, en el poder coercitivo del Estado, debemos apostar por la educación, por la innovación, por la creación de un entorno digital seguro y propicio para el desarrollo. Necesitamos una ley moderna, flexible, que promueva la inversión y que garantice el acceso a la información y la libertad de expresión. Una ley que proteja a nuestros niños y niñas de los peligros de la red, que les brinde las herramientas para navegar con seguridad y que les abra las puertas a un futuro lleno de oportunidades.