El terremoto político desatado por el reporte de la DEA y la investigación de ProPublica ha dejado al descubierto una red de conexiones entre el poder político mexicano y el crimen organizado, una realidad que, si bien se sospechaba, ahora se presenta con crudeza ante la opinión pública. La lista de más de 40 nombres, que incluye desde gobernadores hasta miembros del gabinete, es una muestra de la profunda infiltración del narcotráfico en las estructuras del Estado. Este escenario pone a Claudia Sheinbaum en una encrucijada, obligada a navegar entre las presiones internas y externas, mientras la sombra de la corrupción amenaza con eclipsar su gobierno.

La situación se torna aún más compleja al analizar la génesis del movimiento Morena. En su afán por consolidar su poder, el partido absorbió no solo a militantes de otras fuerzas políticas, sino también las prácticas y vicios que por décadas han permeado el sistema político mexicano, particularmente los arraigados desde los tiempos del PRI. Esto ha creado un caldo de cultivo propicio para la proliferación de la corrupción y la colusión con el crimen organizado. Si bien la DEA, con su historial de desencuentros con el gobierno mexicano, puede tener una visión sesgada, la magnitud de las evidencias presentadas dificulta desestimar por completo sus señalamientos. Las visitas de AMLO a Badiraguato y su, aunque accidental, contacto con la familia Guzmán, así como los vínculos de políticos de alto nivel con grupos criminales, son hechos que alimentan la narrativa de una relación turbia entre el poder y el narco.

La DEA, con su vasta experiencia y recursos, juega un papel estratégico en la lucha contra el narcotráfico. Sin embargo, no está exenta de intereses políticos. En un contexto de competencia inter-agencial y de asignación de presupuestos, la DEA puede verse tentada a magnificar ciertos aspectos de la realidad para justificar su importancia y asegurar su financiamiento. No obstante, la existencia de otros organismos de inteligencia, como la CIA, el FBI y la DIA, actúa como un contrapeso que limita su capacidad de manipulación. La competencia entre estas agencias obliga a la DEA a presentar información veraz, aunque pueda estar matizada por sus propios intereses.

La situación actual recuerda el escándalo desatado por el reportaje de Tim Golden en los años 90, que expuso la corrupción y los vínculos con el narcotráfico en el sistema político mexicano. Sin embargo, la diferencia radica en que ahora es Morena, el partido en el poder, el que se encuentra en el ojo del huracán. Esto implica una mayor responsabilidad y una mayor exposición al escrutinio público. Sheinbaum se enfrenta al desafío de limpiar la imagen de su partido y restablecer la confianza de la ciudadanía, mientras lidia con las presiones internas y las acusaciones externas. El futuro de su gobierno, y en gran medida el del país, depende de su capacidad para enfrentar esta crisis con transparencia y determinación. La lucha contra la corrupción y la impunidad no puede ser una mera declaración de intenciones, sino una acción concreta y sostenida. El pueblo mexicano exige resultados, y el tiempo apremia.