A escasas dos semanas de una jornada electoral crucial, México se encuentra en una encrucijada histórica. El próximo 1 de junio no solo elegiremos representantes, sino que también votaremos por la justicia que queremos para nuestro país. La complejidad de este proceso reside en la sombra de la duda que se cierne sobre la transparencia del sistema. Ante las crecientes sospechas de manipulación y la inquietante presencia de actores políticos tras bambalinas, la ciudadanía se enfrenta a un dilema: ¿cómo ejercer un voto informado en un contexto de opacidad?

La legitimidad de estas elecciones judiciales se tambalea ante la falta de información clara y accesible. Si bien la apertura y la transparencia son pilares fundamentales de cualquier democracia, la percepción generalizada es que esta apertura es meramente superficial, una fachada que oculta los verdaderos mecanismos de toma de decisiones. Nos encontramos ante un escenario donde la información fluye a cuentagotas, generando un caldo de cultivo para la especulación y la desconfianza. ¿Cómo podemos confiar en un sistema que no nos permite conocer a fondo a quienes aspiran a impartir justicia?

La demanda ciudadana por transparencia no es un capricho, es un derecho fundamental. Exigimos conocer a fondo las trayectorias, las propuestas, las declaraciones patrimoniales y los posibles conflictos de interés de cada candidato. La filtración de documentos que sugieren designaciones preestablecidas no hace más que alimentar la desconfianza y la apatía electoral. No podemos permitir que la opacidad se convierta en la norma. Necesitamos un sistema judicial sólido, imparcial y, sobre todo, transparente.

La responsabilidad de garantizar la transparencia no recae únicamente en las instituciones, sino también en los propios candidatos. Es su deber rendir cuentas ante la sociedad, presentar sus credenciales con honestidad y responder a las preguntas de la ciudadanía. La participación ciudadana es fundamental para exigir esta rendición de cuentas y construir un sistema judicial que esté verdaderamente al servicio del pueblo.

El riesgo de la desinformación y la manipulación es latente. Los medios de comunicación tienen la obligación de informar con veracidad y objetividad, contrastando la información y evitando la propagación de noticias falsas. Las autoridades electorales, por su parte, deben garantizar la limpieza del proceso y sancionar cualquier intento de manipulación.

En un país donde la impunidad y la corrupción son problemas endémicos, la importancia de un Poder Judicial independiente y transparente se magnifica. El futuro de nuestra democracia depende de la integridad de quienes imparten justicia. Informarnos, participar y exigir transparencia no solo es un derecho, sino una responsabilidad cívica. El 1 de junio, nuestro voto no solo decidirá quiénes ocuparán los cargos judiciales, sino también el rumbo de la justicia en México. No votar, o hacerlo sin la información necesaria, nos convierte en cómplices de la opacidad y debilita las bases de nuestra democracia. ¿Estamos dispuestos a asumir ese riesgo?